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Sector de médicos argentinos arremete contra proyecto de aborto

by editor

Días atrás, varias doctoras con batas blancas sostenían pequeños muñecos con forma de fetos mientras cantaban:«Senadores, a ver si lo entendemos… Acá en Argentina salvamos las dos vidas».

Las mujeres integran un grupo de 300 médicos que se manifestaron en Buenos Aires contra el proyecto de ley para legalizar y despenalizar el aborto que se encamina a ser debatido por el Senado y cuya aprobación sería un hito del movimiento feminista en la patria del papa Francisco.

«No cuenten conmigo», «Soy médico, no asesino”, decían algunos carteles de manifestantes con prendas celestes, color con el que se identifican los antiabortistas.

Los galenos desplegaron sus batas sobre la plaza donde está la casa de gobierno hasta formar las siglas MxV (Médicos por la Vida), un colectivo integrado por unos 1.000 profesionales de la salud organizados en redes sociales que junto al papa y la Iglesia Católica han rechazado la iniciativa que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, aprobada por los diputados el 14 de junio.

Ahora que la tendencia del voto para la sesión prevista en el Senado del 8 de agosto parece reñida, cientos de médicos e instituciones privadas redoblaron su oposición al proyecto por considerar que no garantiza suficientemente el derecho a la objeción de conciencia, expone a los facultativos a penas de cárcel y abre las puertas al aborto sin límite, ya que lo acepta después de las 14 semanas de gestación en caso de violación o si la vida o salud de la mujer estuviera en riesgo.

Algunos senadores intentaron apaciguar a los médicos introduciendo el miércoles cambios al proyecto. Un grupo de senadores de distintas fuerzas que defienden el aborto buscarán que el 8 de agosto se sometan a votación algunas modificaciones a la iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados, como permitir la objeción de conciencia institucional, reducir el límite para la realización del aborto de las 14 a las 12 semanas y eliminar las penas para los médicos.

La posibilidad de ejercer la objeción de conciencia institucional es uno de los reclamos más escuchados entre los galenos.

Objeción

“La defensa de la vida está en los cimientos de nuestra institución… Vemos que cada vez son más los médicos que se suman”, dijo a The Associated Press Ernesto Beruti, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Universitario Austral.

Aunque la oposición más férrea proviene del sector privado, médicos del sistema público también expresan su preocupación y agregan que el proyecto no contempla la limitación de recursos humanos y financieros. La resistencia es tal que algunos doctores están dispuestos a saltarse la ley en caso de ser aprobada y pronostican demandas ante la justicia para frenar su aplicación.

“¿Hasta dónde queremos llegar? Hasta la cárcel… Por más que salga la ley yo no voy a eliminar la vida de un ser humano”, enfatizó Beruti.

El Hospital Austral, de orientación católica, está entre los más de 300 centros médicos privados, de diagnóstico y ambulatorios que expresaron su desacuerdo con varios puntos de la iniciativa, incluido aquel que prohíbe la objeción de conciencia institucional.

A pesar de esto, la mayoría de los sondeos son favorables a la iniciativa que ha llegado por primera vez al Congreso gracias al impulso de unas 500 organizaciones sociales y políticas feministas. Durante su debate fue respaldada por organismos de derechos humanos -como Human Rights Watch y Amnistía Internacional- y figuras literarias como la feminista Margaret Atwood, quien mantuvo un ríspido contrapunto en las redes sociales con la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti, una vehemente antiabortista.

Pero los médicos conservadores argumentan que contiene aspectos que los perjudica, por ejemplo, la prohibición expresa de la objeción de conciencia institucional y el hecho de que la objeción de conciencia individual -que sí permite el proyecto- deba expresarse por escrito en un registro al que tendrán acceso las autoridades de salud. Ello, afirman, funcionaría como una «lista negra» que los discriminaría al competir por puestos en otros centros de salud. (I)

Fuente: El Universo

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