Home Política En tránsito, 6% de denuncias logra sentencia en Ecuador

En tránsito, 6% de denuncias logra sentencia en Ecuador

by editor

“Da mucha tristeza que los muertos queden en la carretera y los responsables se den a la fuga, y no ha pasado nada”. Lo dice Elvia Montaño, una jueza de Esmeraldas que ha visto por doce años cómo muchos delitos de tránsito se suspenden por la fuga de los choferes. “En definitiva, y a la larga, queda el delito en la impunidad”, admite.

Montaño dice que urge una reforma constitucional, medida que no ha sido considerada pese a que es una demanda no solo de jueces, sino también de los familiares de víctimas de accidentes como los ocurridos la semana pasada en la vía Pifo-Papallacta y Cuenca-Molleturo, que cobraron 36 vidas.

En el primer caso, según los reportes del ECU-911, el bus se accidentó cuando el conductor intentaba escapar tras impactar a un vehículo liviano, mientras que en el segundo siniestro, en el que fallecieron doce barcelonistas, el chofer fugó del sitio.

La necesidad de la reforma se hizo pública hace un año, durante la firma del Pacto por la Seguridad Vial. Lo dijo el 17 de agosto de 2017 el entonces presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh: “Una causa por la que se detiene el proceso penal es por la costumbre de darse a la fuga, ya que no existe, en este campo, juzgamiento en ausencia. Podría reformarse la ley”.

El Consejo de la Judicatura y sus entidades (Fiscalía, cortes de Justicia, defensorías Pública y del Pueblo) figuran entre los 39 actores públicos y privados firmantes del pacto vial. Otros son las alcaldías que asumieron la competencia vial, como en Guayaquil y Quito, el sector transportista y los ministerios de Salud, Educación, Transporte, Industrias y del Interior.

En Ecuador, de enero a junio de este año se reportaron 10.633 víctimas, un promedio de 59 fallecidos y heridos diarios por accidentes en las vías, uno cada 40 minutos, según la Agencia Nacional de Tránsito.

En Guayas están 3.816 (36%) de estos casos y, aunque la mayoría (63%) presentó la denuncia del delito, apenas el 6% (154) logró una sentencia, según los datos de la Fiscalía Provincial en el primer semestre del año.

Con la denuncia, relatan algunos familiares de víctimas, se inicia una cadena de impunidad con la que batallan incluso por años. La lucha de Leonor Solá, por ejemplo, lleva 17 meses. Ella es la única que sigue el juicio por un accidente en Quito en marzo del 2017 en el que murieron trece personas, incluso su esposo. (Ver recuadro).

Los familiares de Mónica Caiminagua, en cambio, desistieron al tiempo de denunciar la muerte de esta joven de 16 años, cuando el 28 de julio de 2017 un bus de la cooperativa Trans. Guanazán cayó 30 metros en la ruta Quera Alto-Pasaje, en El Oro. “Se puso la denuncia, pero no se le siguió el juicio. La señora (dueña del bus) tuvo buenos abogados y como mi hermana es bastante humilde…”, dice Lisenia Chuchuca, tía de Mónica, al quejarse porque el sistema judicial no le garantizó un abogado: “Nos dijeron que para nosotros no hay abogado gratuito, más bien para la señora, porque ella es la víctima”.

Para casos como el de Mónica existen los consultorios jurídicos de las universidades, respondió el presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Gabriel Manzur, y confirmó que “la defensa técnica es justamente para el denunciado”.

Sin los recursos para pagar a un abogado o seguir un proceso en el que el acusado está prófugo, más de la mitad de las familias afectadas aceptan un acuerdo reparatorio o indemnización que cubra los daños que sufrirá la familia por las lesiones o ausencia del fallecido.

 

Fuente: El Universo

Related Articles