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Familiares de sentenciados en caso González y otros dialogan con autoridades del Consejo de la Judicatura

by editor

Familiares de policías que fueron sentenciados dentro del caso González y otros, por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial que se habría dado durante un operativo al interior de una farmacia en Guayaquil, en noviembre 2003, llegaron esta mañana al Consejo de la Judicatura (CJ) para reunirse con autoridades de esta institución dentro de la conformación de la denominada Mesa de la Verdad y Justicia.

Andrés Páez fue uno de los integrantes de la comitiva que se reuniría con el presidente del CJ, Marcelo Merlo, y la vocal Angélica Porras. El exasambleísta dijo que en la cita buscarían saber cómo se entregará la información respecto al caso, al cual lo calificó de una «injusticia mayúscula», pues «se sentenció a policías que fueron a salvar la vida de personas».

El 14 de agosto pasado familiares y representantes legales de siete sentenciados por estos hechos presentaron en la Fiscalía una demanda contra el exfiscal general Galo Chiriboga y contra el expresidente Rafael Correa. Según Pedro Granja, patrocinador de varios de los procesados, en este caso existió un doble juzgamiento y se lo reabrió debido a intereses políticos del anterior gobierno.

Silvia de Yépez, madre de uno de los oficiales sentenciados a 16 años de cárcel en este caso, explicó que entre las demandas que harán al CJ está el que se investigue la denuncia colocada el 14 de agosto pasado y además que el vocal del CJ Juan Pablo Albán no integre la Mesa de la Verdad y Justicia, pues el que haya defendido a uno de los acusadores del caso González y otros generará un conflicto de intereses.

Páez cree que Albán como «hombre correcto» lo que deberá hacer es excusarse de actuar en este tema. «Mal podría él (Juan Pablo Albán) intervenir en un asunto, en donde él de alguna manera estuvo ya inmiscuido como abogado defensor de los acusadores».

Los denunciantes sostienen que el fiscal general (e) Paúl Pérez debe iniciar una investigación previa por el delito de persecución contra Chiriboga y Correa. Granja añade que en la indagación en este caso debe alcanzar al expresidente del CJ, Gustavo Jalkh, a exfuncionarios del Ejecutivo e incluso a los jueces que participaron en lo que para él es catalogado como un «proceso cantinflesco».

Mediante la Mesa de la Verdad y Justicia el Pleno del Consejo de la Judicatura transitorio pretende evidenciar que el sistema de justicia en la década correísta fue utilizado para perseguir, encarcelar y amenazar a quienes pensaban distinto.

Fuente: El Universo

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