Home Política «No asegura igualdad de oportunidades entre los abogados viejos y los abogados jóvenes», alertó Enrique Herrería

«No asegura igualdad de oportunidades entre los abogados viejos y los abogados jóvenes», alertó Enrique Herrería

by editor
El mandato para el proceso de selección y designación de los integrantes de la Corte Constitucional, promulgado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T), ha generado críticas entre los analistas Santiago Basabe y Sebastián Mantilla, así como también ha merecido los reproches de Enrique Herrería, a quien le propusieron ser parte del proceso.
Los tres coinciden en que el documento deja de lado a la experiencia de abogados que han laborado en libre ejercicio, exige títulos específicos para convertirse en magistrados, excluyendo a, según dijeron, notables abogados que podrían integrar el máximo organismo.

El pasado 19 de septiembre, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) aprobó el Mandato para el Proceso de Selección y Designación de los Miembros de la Corte Constitucional definitiva.

El proceso contará con una Comisión Calificadora que se conformará por los delegados de las funciones del Estado, según lo previsto en la Constitución, y será la encargada de verificar que los postulantes cumplan con los requisitos, así como de garantizar los principios de independencia, transparencia, meritocracia, probidad e idoneidad.

Según el Consejo de Participación de Transición, el Mandato de Selección y Designación se desarrolló con base en estándares de valoración reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA) y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En entrevista con radio Democracia, el analista Santiago Basabe aseguró que el mandato del Consejo de Participación Transitorio tiene una “serie de errores”, que, probablemente, en la sesión de este martes, se puedan subsanar.

“Ojalá lo reformen de forma integral, empezando por la redacción, la redacción es lamentable, es vergonzosa, no solo lamentable”, increpó.

Según dijo, la visión que se tiene para el mandato es unidireccional.

“Creo que es fundamental que una Corte Constitucional estén académicos, que tengan un doctorado, que hayan hecho investigación científica, que sepan de materia constitucional para que sea parte de una corte de ese tipo”, detalló.

No obstante, considera que en este grupo también se debe incluir gente que viene del libre ejercicio profesional.

“Que no tiene por qué haber hecho un doctorado internacional ni tampoco tiene por qué haberse dedicado a escribir artículos de investigación científica”, añadió.

Ante ello, advirtió que las personas que no tienen un doctorado están abiertamente por fuera del proceso.

“No solo es ese el problema, el problema adicional es que hay que tener un doctorado en derecho constitucional, administrativo o internacional de los derechos humanos”, dijo.

La segunda mala interpretación del CPCCS-T es no tener una idea cabal de lo que es una Corte Constitucional, mencionó Basabe, quien enfatizó que esta es una “corte de la política”, por lo que se requiere gente que venga de un pregrado enderecho, pero que tenga una visión amplia de la realidad.

De su lado, Enrique Herrería, cuyo nombre sonaba para integrar la Corte Constitucional, se refirió al reglamento.

«No voy a intervenir, tuve la generosa propuesta de algunas personas, de algunas organizaciones para que concurse, pero las condiciones en que se ha puesto en vigencia ese reglamento no aseguran igualdad de oportunidades entre los abogados viejos y los abogados jóvenes”, alertó.

El abogado tiene título de doctor en jurisprudencia, otro de cuarto nivel y algunos diplomados, “pero no tengo doctorado honoris causa ni maestría”.

“Por mi ejercicio profesional, me he dedicado, más que a la academia, al ejercicio profesional, no he estado en la práctica de poder elaborar artículos que sean indexados, en revistas de la materia», mencionó.

Recalcó, asimismo, que, de participar en el proceso, “iría con una posibilidad inalcanzable de puntos, frente a jóvenes que tienen PhD y otros atributos de carácter académico”.

En cuanto a las bases para participar en este concurso, Herrería cree que fueron más allá de lo que dispone la Constitución, que establece el requisito del título de tercer nivel.

“En mi caso particular, tengo de cuarto nivel y también haber ejercido con probidad notoria, la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es reiterativa en hablar de probidad notoria en diversos numeral de los artículos pertinentes”, dijo.

E indicó que se puede haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o la judicatura o la catedra universitaria.

“Siempre será importante que los jueces tengan no solamente la competencia en el conocimiento de la norma, de manera particular, independencia frente a los poderes facticos y políticos”, subrayó.

El jurista afirmó que hubiese sido “deseable” que el reglamento contenga lo estipulado en la Carta Magna ecuatoriana, acompañado de las pruebas que se deben rendir para probar la suficiencia profesional o académica de quienes tienen aspiraciones.

“Más allá de poner requisitos como PhD, maestrías, eso nos deja a los abogados, que hemos incursionado en la vida profesional como litigantes, fuera de alcanza ese puntaje”, insistió e indicó que el documento no ha dado la importancia que debe tener la experiencia de los abogados que se han dedicado a litigar.

Mientras tanto, el experto Sebastián Mantilla comentó que «el Consejo de Participación, hasta cierto punto, está como muy presionado por el tiempo y por tratar de cumplir los tiempos y avanzar y no quedarse en el camino”.

“Cuando uno tiene esa presión de que nos falta el tiempo y tenemos que avanzar, se da a improvisar y no darle el debido tiempo para producir un reglamento para designación de futuras autoridades bien analizado, tomando en cuenta diferentes puntos de vista, y no dejando de lado nada”, sumó.

Para él, aunque es importante la participación ciudadanas en estos procesos, es más relevante saber quién participa, cómo participa y en representación de quién lo hace.

«Debería abrirse un espacio para que universidades, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de grupos de colectivos de diverso tipo puedan, antes que participar, monitorear y verificar que ese proceso se dé», propuso.

A ello, sumo que se debe conocer cómo va a estar conformado el comité de calificación.

“Esa es una parte fundamental, una hoja de vida intachable, experiencia en estos ámbitos, que nos garantice, hasta cierto punto, que vamos a tener unas autoridades que, de alguna manera, han sido los mejores», dijo.

«Esperemos que el proceso no falle o no sea cuestionado porque, eventualmente, por el apuro, la presión, un elemento que ahorita está primado, no tengamos los resultados esperados», alertó.

Fuente: ecuadorinmediato

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