“No hay ningún examen final de Contraloría, que Contraloría haga los exámenes pertinentes, pero debo decirles que la obra del Complejo Judicial Norte de Quito tiene los precios más bajos del mercado, si no es el de ese tipo de construcciones. Nosotros no tenemos nada que ocultar”, indicó.
Cabe recordar que, según la Judicatura encargada, se encontraron inconsistencias en los procesos de consultoría y construcción de obras. Se revisó un total de 87 acuerdos de obra por aproximadamente USD $300 millones y 71 de fiscalización por USD $9.4 millones.
José Cisneros, coordinador estratégico del CJ, indicó que, tras practicar el examen, se determinaron irregularidades en contratos de consultoría y diseño, etapas de fiscalización de las obras y adjudicación de proyectos para grupos que mantendrían nexos familiares con ex autoridades de la institución. «La mayoría de problemas detectados en la ejecución de obras surgieron a partir de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial (mayo 2011). Entre 2011 y 2013, se gastaron aproximadamente USD $304 millones».
Por ejemplo, el estudio, en su segmento de costos, incluyó 3 obras ejecutadas por el Consejo de la Judicatura de Transición, en los años 2011 a 2013, y 1 por la Judicatura definitiva, es decir, desde 2013 a 2018, desarrollando con base en la comparación de los precios contratados versus los precios institucionales actuales (2018). «Este estudio evidencia, por ejemplo, que los Complejos Judiciales Quito Norte, Guayaquil Norte, Otavalo y Latacunga registraron un excedente de entre 28% y 72% en los costos de construcción”, precisó.
Asimismo, recalcó que dentro de las obras de emergencia judicial, 5 primos del expresidente del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Paulo Rodríguez Molina, figuraron como superintendentes de obra y personal técnico de la empresa C&C Constructores que, a un costo de USD$20,8 millones, remodeló la Corte Provincial de Guayaquil.
Así también evidenció nexos entre contratistas en 5 obras: Quero, Salcedo, Latacunga, Esmeraldas y Otavalo. «Varias empresas confluían en un solo lugar, en donde funcionaban las constructoras Smartbilden y Advanced Construction Concepts, relacionadas familiar y societariamente», alertó.
En el análisis a 66 Unidades Judiciales, considerando el área de construcción y el número de funcionarios que las ocupan, 43 de ellas están sobredimensionadas. “No se consideraron las necesidades reales de cada cantón, se desperdiciaron recursos», mencionó Cisneros.
Marcelo Merlo anunció que ya se entregó al contralor general subrogante, Pablo Celi, este informe.
Fuente: ecuadorinmediato