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Defensor de Jorge Glas presentará acción en protesta por traslado de cárcel

by editor

 La quinta función del Estado, de Transparencia y Control Social, vio la luz en el 2008 con la vigencia de la actual Constitución que fue redactada por la Asamblea Constituyente (2007-2008) y luego aprobada en referéndum.

Fomentar e incentivar la participación ciudadana se menciona entre sus funciones en el capítulo 5. Un derecho constitucional que para algunos analistas, exconstituyentes y autoridades de control quedó solo en el papel; y para otros se convirtió más bien en un avance significativo.

Uno de los organismos que integran esta función es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tiene entre sus atribuciones la designación de autoridades y lucha contra la corrupción. Sus miembros fueron cesados, en medio de críticas, y reemplazados por un ente transitorio tras ganar el Sí en la pregunta 3 de la consulta popular del 4 de febrero pasado. Hoy el debate está en si el CPP desaparece o no.

Lenín Hurtado, exconstituyente, menciona que la idea inicial en la Asamblea de Montecristi era buscar un mecanismo que articulara dos puntos: que la población se pudiera manifestar sobre temas de interés general y se involucrara en la lucha contra la corrupción. “Las intenciones se torcieron en las manos del gobernante (…). En ninguna parte de la Constitución dice que el CPP o la Función de Transparencia debía servir para eliminar toda independencia del resto de funciones del Estado y someter a la participación ciudadana únicamente a designios del gobernante”, dice.

Para Jorge Rodríguez, de la Comisión Nacional Anticorrupción, la actual Constitución es la que más habla sobre lo que significa ser ciudadano, sus derechos y obligaciones. Sin embargo, la participación fue atacada por el anterior gobierno como la comisión que él integra a la que le iniciaron seis acciones, cinco penales y una civil.

Señala que los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución, como consejos consultivos, cabildos populares, audiencias y otros, son indispensables, “siempre y cuando” existan funcionarios que cumplan.

Virgilio Hernández, que presidió la mesa de Organización y Participación ciudadana en Montecristi, destaca que la Carta Magna tiene un avance significativo en los derechos políticos porque se ‘constitucionaliza’ la participación ciudadana “como un derecho de participar en todo asunto público de interés”.

Expresa que hay una mala comprensión de que la única instancia de participación ciudadana es el CPC, “que no puede sustituir ni a la Asamblea ni a la Contraloría”, sino promover que se institucionalice la participación.

Miriam Félix, vocal del CPC transitorio, señala que la inquietud de varios juristas que han planteado la posibilidad de una consulta popular para eliminar o reformar este organismo no ha sido discutido por el pleno porque tienen otras prioridades como la elección del CNE definitivo. “No juzgamos, somos un ente administrativo, podemos sí sugerir y en eso estamos trabajando”, recalca.

David Rosero, exvocal del primer CPC, señala que más allá de si el ente desaparece o no la discusión de fondo debe ser a dónde van sus competencias: a la Asamblea, que está cuestionada por las denuncias de ‘diezmos’, o se da otro proceso para que la designación de autoridades sea por voto popular. (I)

La Constitución dice

Art. 95
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad (…)

Art. 204
El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.

Art. 207
El CP promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades de acuerdo con la Constitución (…).

FUENTE:EL UNIVERSO

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