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Se indagan frecuencias dadas a cooperativas por parte de la Contraloría y la ANT

by editor

La cantidad de frecuencias que se entrega para que los buses interprovinciales recorran de una ciudad a otra es investigada. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) trabaja en el Plan Nacional de Rutas, que determinará cuántas frecuencias deben existir a escala nacional. La entidad detectó que “en el pasado” se entregaron permisos en exceso.

Actualmente, en el país hay 34 212 frecuencias. Solo desde la terminal de Quitumbe, en Quito, se usan 1 307 al día.

or ejemplo, el tramo Quito-Ambato es cubierto por 22 cooperativas y sus unidades comienzan los recorridos con intervalos de 5 y 15 minutos.

Estos automotores también llevan pasajeros de Latacunga. Pero en esa ciudad operan cuatro cooperativas más, que despachan cada 10 minutos.

Eso ha originado dos problemas: los buses salen vacíos y para recoger a un pasajero en la carretera irrespetan los 90 km/hora permitidos para este tipo de transportación.

El miércoles, un bus salió desde Quitumbe con la mitad de sus 42 asientos ocupados.

Otro llevaba 15 y en un automotor que salió a las 12:30 solamente iba una persona.

“Hay demasiados compañeros y ahorita mismo salgo solo con un pasajero a Latacunga. Entonces ‘correteamos’ para coger pasajeros”, dice Ángel Lucero, uno de los choferes.

Un bus que iba a Ambato llegó a 96 km/hora en la curva de Santa Rosa. Rebasó a dos unidades que iban en el mismo tramo y así llegó a Tambillo.

Allí recogió a seis personas, que se sumaron a las 10 que salieron desde Quitumbe.

Media hora después volvió a parar y se subieron cuatro personas más. En la entrada a Saquisilí llevó a otras dos. Cuando llegó a Ambato, la respuesta que dio el chofer fue que “es la única manera de llevar el sustento a casa”.

¿Por qué no respeta la ley? “Acelerar es la única manera que tenemos para ganar los pasajeros a otros compañeros”.

Igual ocurre con los choferes que trabajan desde la terminal de Carcelén. En la ruta Quito- Tulcán operan ocho cooperativas y sus unidades salen cada 15 minutos. En cambio, los interprovinciales que van a Otavalo son despachados cada cinco minutos. Van casi vacíos.

La semana anterior, la Contraloría recibió una denuncia para que se investigue la entrega de 450 frecuencias a inicios del 2017, es decir, en el gobierno de Rafael Correa. En la queja se dice que la concesión ocurrió en Carchi y que se hizo “sin estudios técnicos”.

Según el documento que se encuentra en el ente de control, los permisos se otorgaron a una sola cooperativa.

En el 2014 ya hubo una denuncia en esa provincia. En ese entonces, representantes de cooperativas aseguraron haber devuelto los permisos, para evitar las disputas por pasajeros, pero que esos turnos fueron entregados a otras operadoras “de manera irregular”.

En junio del 2016, durante una reunión con el expresidente, 11 federaciones de transportistas frenaron la creación de un servicio interprovincial puerta a puerta. “El Presidente (Correa) nos apoya, porque ese cambio degeneraría el transporte público”, dijeron.

El tema de las frecuencias también se analizó en la Asociación de Conductores interprovinciales de Tulcán. En la última reunión acordaron pedir a la ANT que revise la ruta Quito-Tulcán. El grupo detectó “demasiados” permisos.

Por eso, este sector pide una solución, pues sus integrantes advierten no tener pasajeros y que no hay “suficientes” ingresos económicos para ellos.

Pero Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Transporte Público, que agrupa a 12 000 buses en el país, dice que más bien faltan frecuencias y que el trámite para entregarles debe ser ágil.

Desde la semana pasada, él y otros dirigentes se reúnen con asambleístas y representantes del Gobierno para evitar que pasen las reformas a la Ley de Tránsito. De aprobarse el artículo 56, los permisos se otorgarán solo cuando haya “un informe técnico de las necesidades definidas en el Plan de Rutas y Frecuencias”.

Actualmente, la norma solo pide firmar un contrato de operación con empresas que estén legalmente constituidas.

En el artículo 81 se propone endurecer las sanciones a quienes usen frecuencias sin contar con los permisos, sin evaluaciones técnicas ni certificaciones. Con la actual normativa, eso se sanciona con seis remuneraciones básicas.

Pero de pasar esta propuesta en la Asamblea, la amonestación subirá en una remuneración mensual de acuerdo con la gravedad del caso.

FUENTE: EL COMERCIO

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