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La Judicatura tiene 43 unidades con problemas de subutilización

by editor

Las escenas se repiten a diario: salas de espera y de audiencias vacías, pisos desocupados y pasillos que se llenan de polvo. Hay silencio y poca afluencia de gente. Así lucen 11 edificios judiciales que este Diario visitó y que funcionan en Guayas, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha e Imbabura. El Consejo de la Judicatura dice que son 43 obras subutilizadas. La Unidad Judicial de Balsas (El Oro) tiene los mayores problemas. Tiene 2 834 metros cuadrados de construcción y solo laboran seis funcionarios. Significa que allí hay un 787% de exceso de área. El sitio es siete veces más grande de lo que se necesita. Las construcciones de 42 edificios se iniciaron entre el 2011 y 2013, en la llamada modernización de la justicia. Hay una más, la Unidad Judicial de El Empalme, en el Guayas, que fue levantada en el 2015. El actual Consejo de la Judicatura revela que los diseños de esos complejos judiciales fueron sobredimensionados y que en los estudios no se evaluaron las necesidades reales de dotar con servicios de justicia a cada cantón. El resultado: espacios sin utilizar que generan costos de mantenimiento, de seguridad y de servicios básicos, indica Nelson Medina, subgerente de proyectos de la Judicatura. Entre las obras que también tienen serios problemas están los complejos judiciales de Quero, Pelileo y Baños (en Tungurahua) y en Pujilí (Cotopaxi). Los edificios tienen entre tres y cuatro pisos. Sus fachadas son una mezcla de hormigón, hierro y vidrio. Un estudio realizado por arquitectos de la Judicatura indica que la Unidad Judicial de Quero tiene un 563% de “exceso de área construida”. Significa que el tamaño de la obra es cinco veces más grande de lo que realmente se necesitaba. Ese sitio posee cuatro plantas, 2 702 metros de construcción, en donde laboran entre ocho y nueve funcionarios. En el segundo piso hay dos salas de audiencia. En la tercera planta laboran la Defensoría Pública, la Comisaría y la Jefatura Política. Estas dependencias se mudaron al complejo judicial hace un año, para llenar los espacios desocupados. En cambio, la Unidad Judicial de Pujilí presenta problemas por la filtración de agua lluvia. Las paredes de la entrada principal y las interiores están deterioradas por la humedad. Mide 2 240 m², y en ella laboran 20 personas. Medina, de la Subgerencia de Proyectos de la Judicatura, resalta que las 42 obras levantadas entre el 2011 y 2013 se dieron por contrataciones directas y de forma “apresurada”. Por ejemplo, en la construcción de la Unidad Judicial de Otavalo, la Judicatura de Transición pidió el 2 de diciembre del 2011 que el área financiera certificara si disponía de USD 7,8 millones para esa obra. Diez días después, el 12 de ese mes, se dio el aval y ese mismo día se invitó a un único contratista para que presentara su propuesta. El 14 de diciembre, la constructora envió su pro forma. Ese mismo día se aceptó y firmó el contrato. Actualmente, la Unidad de Otavalo tiene 36 oficinas y de estas, 12 están sin ocupar. A un costado el edificio, conocido como el ala norte, presenta un desnivel en la base. El piso de los despachos de la primera planta luce agrietado y las baldosas están levantadas. Sobre la utilización, Andrea Cazar, delegada del Consejo de la Judicatura en Imbabura, dice que allí laboran 54 personas, pero en el estudio de la Judicatura se registran 46. En Guayas existen los mismos problemas con la Unidad Judicial de El Empalme. El edificio de dos plantas ocupa una cuadra. En su interior existen tres salas para audiencias, un área lúdica para los niños, 11 celdas para los detenidos, oficinas para la Policía, Defensoría Pública y siete cubículos para jueces. Según Mercedes Coello, coordinadora del complejo, en promedio se realizan de ocho a 10 audiencias diarias. Pero hasta las 10:45 del 19 de diciembre, por ejemplo, no se había programado ninguna. En la sala lúdica no había niños, en las celdas se encontraban dos detenidos y en la sala de espera con 81 bancas había tres personas. El informe de la Judicatura indica que El Empalme tiene un exceso de área del 227%. Es decir, el doble de lo requerido. Ahora, la Contraloría interviene y revisa cómo se hicieron los diseños y la construcción de estas obras. El ente tiene previsto emitir su informe hasta marzo de este año. En Alausí, Guamote y Colta, también hay bienes subutilizados. Estos edificios presentan porcentajes de exceso de área que van del 188 al 288%. La infraestructura más grande de los tres sitios es la de Alausí. Tiene tres pisos y 22 oficinas. Allí laboran 15 funcionarios. También hay personal itinerante conformado por un psicólogo, una parvularia y un médico, que prestan también atención en Colta y Guamote. En Cayambe (Pichincha), en cambio, el complejo judicial está conformado por tres edificios de dos y tres plantas, separados por patios. Allí hay 42 funcionarios, entre estos siete jueces para Civil, Penal y Familia. En los salones de espera también hay pocos usuarios. Su porcentaje de exceso de área es de 172%.

Fuente: El comercio

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