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Contraloría será un Tribunal de Cuentas

by editor

El anuncio oficial con los detalles sobre la reestructuración de la Contraloría General del Estado se conocerá hoy, 17 de enero del 2019. Lo harán el presidente Lenín Moreno y los integrantes del Consejo de Participación transitorio (Cpccs-t), en Carondelet. Xavier Zavala Egas, integrante del Cpccs-t, adelantó ayer (16 de enero del 2019) que parte de este proceso se realizará con base en el proyecto de transformación de la Contraloría en un Tribunal de Cuentas, presentado por el contralor Pablo Celi, el 2017. Pese a que el proyecto se puso en la palestra pública hace 16 meses, esta semana volvió a tomar relevancia a propósito del debate interno en el Consejo transitorio sobre la factibilidad de nombrar al contralor titular, que reemplace a Celi, quien está actuando como subrogante desde junio del 2017. Ayer, el pleno de esa entidad se había citado a las 10:00 para aprobar el reglamento y conformar la Comisión que llevaría ese concurso público. Sin embargo, los consejeros se reunieron reservadamente para lograr consensos y el pleno se instaló finalmente a las 15:00. A esa hora, los consejeros aprobaron una resolución que, en primer lugar, aclaró que la subrogación de Celi se basa en el artículo 33 de la Ley de Contraloría, que indica que ese reemplazo se realizará hasta el nombramiento del nuevo titular, pero que esa norma no establece un plazo. Además, se indicó que en función del proceso de diálogo nacional y del acuerdo nacional convocado por el presidente Moreno, el Pleno del Cpccs-t debe jugar un rol sustancial en la reinstitucionalización del país, más aún en lo referente a la Contraloría, que se encarga de controlar el uso y el manejo de los recursos públicos. María Paula Romo, ministra del Interior y encargada de la Política, había adelantado el lunes a este Diario que la transformación de la Contraloría entrará en el debate para el Acuerdo Nacional y que no se ha descartado convocar a una nueva consulta popular para reformar la Constitución y “desmontar el entramado de impunidad, de concentración de poder y de encubrimiento”. Finalmente, la resolución del Consejo transitorio indica que con base en el anuncio y la decisión que se tome sobre la reestructuración de la entidad, se decidirá qué procede con el Contralor Subrogante. Los constitucionalistas Ismael Quintana y Juan Francisco Guerrero coinciden en que el único camino para la transformación es a través de una enmienda constitucional, que puede realizarse a través de una consulta popular convocada por el presidente Moreno. El Gobierno no ha hecho público todavía el cronograma de los diálogos para llegar al acuerdo nacional, por lo que aún no se puede proyectar una fecha para el referendo. Solo una vez que el Régimen tome la decisión política de adoptar este camino y presente una propuesta de cuestionario a la Corte Constitucional, se podrán establecer plazos. La Ley de Garantías Jurisdiccionales establece que la Corte tendrá 20 días para valorar las preguntas enviadas por Moreno. Y en caso de que estas se aprueben, el Consejo Electoral (CNE) deberá convocar al referendo en un máximo de 15 días y las votaciones se realizarán en un plazo de 70 días. El proyecto de Celi para transformar la Contraloría en un Tribunal de Cuentas, que ya ha sido entregado previamente al Primer Mandatario y al Cpccs-t, tiene 23 páginas. El Tribunal tendrá las mismas atribuciones de la Contraloría. El cambio de fondo será su conformación. La responsabilidad del control no recaerá solo en el contralor sino en un cuerpo colegiado de siete ministros delegados por la Asamblea (dos), la Presidencia (uno), concurso público (dos) y funcionarios de carrera de la Contraloría (dos). El período de funciones de los ministros será de seis años, sin reelección y con renovación parcial cada tres años. El Tribunal se conformará por un Pleno y una sala de auditoría y otra de determinación de responsabilidades. Cpccs-t aprobó informe Entre tanto, ayer 16 de enero el Pleno aprobó un informe sobre el caso Manduriacu, que reveló “la relación del exvicepresidente Jorge Glas con una presunta red delincuencial, dedicada al abuso de recursos públicos y tráfico de influencias para el favorecimiento de Odebrecht”. El Consejo solicitará a la Fiscalía la vinculación de Glas en las investigaciones que están abiertas por el presunto delito de peculado en este caso.

Fuente: El Comercio

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