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Vigencia Del Estado De Derecho

by editor

Desde el inicio del gobierno del Lcdo. Lenin Moreno Garcés, se han tomado decisiones bastante complejas, las mismas que responden al objetivo de desmontar o deshacer gran parte de los cambios sucedidos en el gobierno anterior.  En especial, la mano del gobierno ha dejado caer su peso sobre las diversas y más importantes instituciones que sustentan el funcionamiento del aparato estatal, haciendo o induciendo cambios y sustituyendo a las autoridades que, hasta ese momento, estaban al frente de estas.

Sin embargo, todo lo actuado en este sentido, ha venido dejando serias dudas acerca de su legitimidad democrática; si bien es cierto que en la última consulta popular, las preguntas planteadas fueron aprobadas por el pueblo ecuatoriano, no es menos verdad que, el alcance de las mismas, en especial de algunas de ellas, quedó como una puerta abierta para interpretaciones que se escapan al control del soberano; por esa puerta, el organismo que ha hecho las veces de mentalizador y ejecutor de los cambios, esto es, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, declaró, desde su posesión, que sus resoluciones estarían al mismo nivel, o hasta por encima de la Constitución, algo inconcebible en un estado de derecho.

Hemos visto, con el transcurso de los meses, cómo se ha arrasado con las autoridades de las principales instituciones del país, sin cumplir con las normas y métodos constitucionales de sucesión o selección de quienes las reemplazarían; se han utilizado subrogaciones; encargos; y demás figuras que no existen en el texto constitucional y que lastiman, por decir lo menos, la seguridad jurídica necesaria para la vigencia de una democracia plena; para esto, se ha usado el argumento de que es “por bien hacer”.  Estas controvertidas decisiones generarán seguramente en lo posterior demandas a nivel nacional e internacional, no sabemos con qué consecuencias.

Pero lo más importante, es que la sensación de que no se está observando la Constitución se está convirtiendo ya en una certeza; y no solo a nivel de cambios institucionales, sino también de otras decisiones gubernamentales, como las del presupuesto del Estado, en donde se han disminuido rubros fundamentales como los de educación y salud, aun cuando la Constitución dispone exactamente lo contrario.  Estas y otras resoluciones, nos colocan al borde de tener que afirmar que el Ecuador, en la actualidad, no está viviendo en democracia sino en un gobierno con ribetes dictatoriales.

Es necesario recordar, al respecto, que el haber ganado una elección en las urnas no es la única condición por la cual se debe considerar a un gobierno como democrático; también debe haber el respeto a los derechos fundamentales; al debido proceso; a las distintas libertades; y, por sobre todo, al ordenamiento normativo, esto es, a las leyes, y a la Constitución.  Si uno de ellos no se cumple, podemos decir que ya no hay democracia plena, y si son varios, se nos presenta, aunque no sea de frente, una dictadura o, al menos, una democracia autoritaria.

En este sentido, el último anuncio, en la semana anterior, de que se reemplazará al Contralor “subrogante” (figura ilegal e inconstitucional por inexistente), con un Tribunal de Cuentas, que tampoco existe; y que, según el propio presidente Moreno, quizás eso implique una reforma legal o constitucional, que no se ha diseñado aun y peor enviado a la Asamblea Nacional,  ratifica que el gobierno hace caso omiso de la Constitución y de los procedimientos democráticos, pues, si se desea hacer un cambio, debe enviarse primero un proyecto de modificaciones constitucionales y legales, y luego implementarlo, y no al revés como se dice que se pretendería hacer.  El solo anuncio de un cambio sin tomar en cuenta la disposición constitucional ya es violatorio de la Carta Magna, y parece que el Presidente no se ha dado cuenta.

Muy peligroso escenario para el país nos está construyendo el gobierno actual; si el anterior fue criticado por sus excesos y atropellos, bien podemos decir que el actual, con mejores modales talvez, está actuando de la misma forma, lo que perjudica seriamente al país, a sus instituciones y a la democracia.

Editor: Ab. Jonathan Vanegas Jiménez.

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