Home Política Los estados financieros de CNT presentan observaciones desde el 2012

Los estados financieros de CNT presentan observaciones desde el 2012

by editor

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) no cuenta con informes favorables de auditoría a sus estados financieros. Y el último -que es público- corresponde al 2015, por lo que no dispone de balances auditados actuales. Para el examen del 2015, la Contraloría General del Estado contrató a la auditora externa BDO, la cual no pudo verificar, validar ni confirmar USD 4 485 millones de al menos 40 rubros durante su examen.

Por la falta de acceso a la información financiera,detalló 32 razones por las cuales se abstuvo de dar su opinión (ver cuadro con los principales rubros). Entre estas argumentaciones resalta: “la Corporación no prepara estados financieros consolidados completos que incluyan el estado de situación, resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo…”.

La gerencia nacional de finanzas y administración del 2015 de la CNT no validó ni analizó los estados financieros que incluían notas explicativas. La Norma Ecuatoriana de Contabilidad recomienda tomar en cuenta estas notas por ser información relevante. Por ejemplo: no se incluyeron cuentas que están en las notas de firmas relacionadas con CNT, como Easynet; otras cuentas por cobrar, activos no corrientes, fondos en fideicomisos y diferencias de montos por USD 416,3 millones.

Tampoco se aplicaron Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), lo cual ocasionó que los datos sean inconsistentes y no se presente a un valor razonable la situación financiera de la empresa. El monto más alto que no se logró verificar es de USD 1 563 millones. La empresa no entregó un análisis técnico que sustente, entre otros, la existencia de propiedades, planta y equipo, posibles indicadores de deterioro y vida útil. No se validaron saldos de cuentas de ingresos por USD 916,17 millones, ya que no se entregaron bases de facturación del 2015 de cuatro sistemas transaccionales.

A su vez, se observó la falta de un documento que evidencie y formalice perfiles, roles y privilegios de acceso de usuarios a estos sistemas y qué tipo de control se hacía. Se detectaron, por ejemplo, accesos activos de 174 personas que ya no trabajaban el 2015 y no reingresaron. Hallaron 48 cuentas administrativas y 424 genéricas de acceso a bases de datos sin que se justifique el motivo ni la razón de su creación. Frente a esto, el gerente de Soporte de Tecnología explicó que en uno de los sistemas hay un módulo de control al que acceden los dueños de la información de las diferentes áreas.

Por otro lado, no se validaron USD 304 millones de cuentas por cobrar, a lo que el exjefe de Contabilidad de Impuestos respondió que la nueva administración y, específicamente, la Gerencia Financiera eliminó la posición de asistente administrativa, quien mantenía un archivo actualizado y cronológico de las transacciones. Debido a este tipo de inconsistencias, los auditores concluyeron que no es factible determinar los posibles efectos en los balances.

Pero este no es el único problema que afronta el Consorcio en un momento en que se analiza su posible concesión a privados y el malestar de los trabajadores por el reciente anuncio de recortar el 10% de su nómina de 8 532 empleados, a diciembre del 2018. Las auditorías de sus estados financieros tienen retrasos. En el caso del último examen del 2015 se contrató con BDO el 24 de octubre del 2016 y el informe salió 11 meses después: el 21 de septiembre del 2017.

En este caso emitió un informe con “salvedades”: por falta de información para validar montos de ocho entidades financieras que operaron con la corporación, de inversiones a largo plazo, cuentas por cobrar y de provisión de dineros incobrables. El próximo viernes 15 de febrero de 2019 en la tarde está previsto que se lean los resultados provisionales del examen del ejercicio financiero del 2016. El Ministerio de Finanzas y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) reconocieron que la ausencia de balances auditados provoca que el Estado no pueda tomar las decisiones más acertadas de manera objetiva y responsable respecto de sus empresas.

Fuente: El comercio

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