La Administración Trump teme que la estructura del impuesto afecte de manera injusta a las grandes tecnológicas
La cruzada francesa contra las tácticas fiscales de las grandes tecnológicas se topa con un problema al otro lado del Atlántico: la oficina de Comercio Exterior de los Estados Unidos ha anunciado el inicio de investigación a la conocida como tasa Google y Washington podría aplicar aranceles a las importaciones francesas si determina que el gravamen penaliza injustamente a sus empresas. El Senado francés adoptó la legislación horas después pese a las amenazas.
El impuesto a los servicios digitales recibe el acrónimo GAFA —en referencia a Google, Apple, Facebook y Amazon— y París decidió anticiparse esperando que otros países se sumasen a su iniciativa. La acción de la Administración de Donald Trump se anuncia en la víspera de que se someta a votación este jueves en el Senado francés y utiliza la misma base legal —sección 301— con la que atacó a China por el robo de propiedad intelectual.
El impuesto francés, del 3%, se aplicará a empresas que facturan más de 750 millones de euros globales al año y que generan una cifra de negocio de al menos 25 millones en el país europeo. Basándose en ese criterio también afectaría a Uber y Airbnb, entre otras empresas tecnológicas. El Ejecutivo galo espera recaudar por esta vía unos 650 millones y considera que dar este paso es de “justicia social.R
“La estructura del nuevo impuesto así como las declaraciones hechas por representantes del Gobierno sugieren que Francia está dirigiendo de manera injusta el impuesto a ciertas empresas tecnológicas basadas en EE UU”, justifica Lighthizer, “nos preocupa”. “El presidente ha ordenado por eso que investiguemos los efectos y determinemos si es discriminatoria o irrazonable y grava o restringe el comercio”, concluye.
España es otro de los países que europeos que está considerando adoptar una medida similar a la del Gobierno de Emmanuel Macron, ante las dificultades que hay para lograr un consenso en el seno de la Unión Europea. Le Maire espera que esta iniciativa que se está adoptando en Francia “sea un incentivo” para que en el seno de la OCDE se aceleren las discusiones para avanzar hacia un acuerdo sobre la fiscalidad a los servicios digitales.