Los dos exámenes de Contraloría sobre el otorgamiento de asilo diplomático y naturalización y los costos incurridos para el mantenimiento y permanencia de Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres confirman las irregularidades que mencionaron funcionarios públicos meses atrás, durante los procesos judiciales que surgieron a raíz de la aprobación del Protocolo de Convivencia de la Cancillería.
El periodo analizado va del 1 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2018 y analiza la gestión administrativa y financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada respecto a los dos temas.
Para la naturalización no se cumplieron los requisitos ni procedimientos legales y tampoco se utilizaron los sistemas informáticos del ministerio.
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Assange no presentó su declaración patrimonial jurada, no cumplió la residencia regular y continua de tres años en el país, el pasaporte no estuvo vigente a la fecha de solicitud.
Estas y otras irregularidades provocaron que, en abril de este año, la Cancillería declare “lesivo el acto administrativo” de naturalización. Paso previo a la pérdida de la nacionalidad.
Este informe también señala que el ministerio y la embajada no hicieron nada frente a los incidentes provocados por el asilado en su estadía, en los periodos del 28 de enero de 2010 al 3 de marzo de 2016 y del 12 de enero de 2010 al 30 de agosto de 2013, poniendo en riesgo la seguridad de la misión.
FUENTE: EL UNIVERSO