En redes sociales, se divulgó un breve extracto de una entrevista al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez, en la que habla de su “pequeño patrimonio”.
“Yo no tengo ningún problema con la UAFE (Unidad de Análisis Financiero), mis dineros todos son lícitos. No es que tenga una millonada, es un pequeño patrimonio como es el derecho de todos los ecuatorianos que hayamos trabajado por el bien. A mi nadie me puede acusar que me he robado un centavo de nadie, lo he hecho con el sudor de la frente, sino que en estos momento quieren dañar la imagen del presidente del CPCCS. Cada centavo que tengo es muy bien ganado”.
Esta afirmación la había dado Tuárez, durante una entrevista para un programa que se transmite en la red social Youtube, que solo publicó ese extracto. Según la declaración juramentada de Tuárez, su patrimonio bordea los $ 372.000. Esto, pese a que la Orden de los Dominicos, a la que pertenece el también sacerdote católico, prohibe acumular riquezas y tener bienes.
El presidente del CPCCS y los consejeros Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria Desintonio, se enfrentan a un proceso de control político en la Asamblea Nacional, y a una investigación previa en la Fiscalía General por presunto incumplimiento en funciones, y por incumplimiento de sentencia de una autoridad legítima, respectivamente.
El miércoles último, el Consejo de Admiración de Administración Legislativa (CAL) aprobó por unanimidad que los cuatro vocales enfrenten el porceso legislativo, por un potencial incumplimiento de funciones, luego de que con sus votos integraron una comisión de abogados para que revise la designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC) que se realizó durante el ente Transitorio, que presidió Julio César Trujillo.
Tuárez reprochó al gobierno de Lenin Moreno, en especial a la ministra del Interior, María Paula Romo, a quienes les dijo que se dediquen a trabajar en temas de importancia para el país. “Basta ya de asesinatos en las cárceles y fuera de ellas, vivimos en una sociedad insegura. Delincuencia y corrupción son los enemigos a perseguir, no el CPCCS” (sic).
A la Asamblea le dijo que debe “ocuparse en promover políticas públicas que beneficien al país, se debe dar prioridad al tema social despojándose de banderas políticas. Basta ya de perseguir al CPCCS. Olviden las prácticas de insultos y legislen por un mejor país”.
En un tercer tuit utilizaba fotos de la movilización nacional a la que convocó en la víspera el gremio de taxistas, insinuando que lo respaldaban a él y escribió que “por defender al Ecuador de las injusticias e ilegalidades me injuician y me persiguen. No claudicaré ni tengo miedo, estoy con Dios y con mi gente”.
Gómez comentó también en Twitter que a la “democracia y al CPCCS se los defiende en el epicentro de la ilegalidad, ya las redes sociales son obsoletas”, y mencionaba el ‘paro nacional’ que están organizando los militantes del expresidente Rafael Correa.
Chalá difundió un comunicado en el que aseguraba que “jamás” dijo en su intervención -durante el pleno en el que se creó esa instancia jurídica- que “sería para modificar la designación de los jueces de la Corte Constitucional, por tanto, quienes hoy enfilan sus denuncias deberán demostrarlo, no con base a presunciones, ni interpretaciones de lo que podría hacer la presunta comisión, sino con hechos consumados”.
Desintonio usando fotos de ciudadanos reclamando, señaló que “miles de voces necesitan ser escuchadas, porque sienten que el Estado no resuelve sus problemas. El CPCCS es la herramienta del pueblo para recuperar la institucionalidad, la justicia y la democracia”.
Los cuatro están enfrentando una indagación previa en la Fiscalía General por el presunto delito de incumplimiento de funciones de autoridad legítima, determinado en el artículo 208 del Código Integral Penal, que plantearon dirigentes políticos como Geovanni Atarihuana de Unidad Popular, y los legisladores Raúl Tello (BADI) y Jeanninne Cruz (CREO), así como el colegio de Abogados de Pichincha, con Ramiro García como presidente.
Los denunciantes alegan que estos consejeros incumplieron una sentencia interpretativa de la CC que concluyó que lo actuado por el CPCCS Transitorio no puede ser revisado, por haberse dado durante un periodo de transición con facultades extraordinarias.
Hay dos medidas cautelares dictadas por la justicia ordinaria para que el CPCCS suspenda de inmediato las funciones de dicha comisión, y justamente este jueves conocerían en su plenaria la resolución judicial.
Fuente: El Universo