Home Política “Glas tendría para 40 años, pero en febrero va a pedir su prelibertad”

“Glas tendría para 40 años, pero en febrero va a pedir su prelibertad”

by editor

El exasambleísta y excandidato a vicepresidente aspira ahora a hacerse con la Presidencia de la República en las votaciones de 2021. Todavía no empieza la campaña, pero sigue con la lengua afilada. Las denuncias de corrupción son su reclamo más recurrente.

– Acaba de reformarse el COIP y dejan fuera el texto que permite la recuperación del dinero. ¿No es incoherente?

– Hay que mirar el problema más arriba. No está tanto en la ley como en los administradores de Justicia. Galo Chiriboga tuvo en enero de 2017, en vísperas de la primera vuelta electoral, la delación de Odebrecht, en la que se menciona a Ecuador, pero Chiriboga la escondió. Luego, Carlos Baca vuelve a recibir la delación en Panamá y nunca lo ha podido desmentir porque hay hasta fotos. Se la entregó el delegado del Instituto suizo de Basilea y no hizo nada. Y un tercer elemento: ¿cómo es que Glas es juzgado por asociación ilícita? Él debe ser juzgado por peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, testaferrismo y delincuencia organizada. Siete delitos diferentes con penas acumulativas. Con eso, Glas tendría para 40 años, pero les doy una mala noticia: en febrero va a pedir su prelibertad, que es el beneficio de cualquier reo. El día que salga Glas, Moreno va a estar en serios problemas.

– Bueno, pero está en marcha y avanzando el caso Sobornos…

– Lo que se sabe por Pamela Martínez es solo una partecita, pero durante el correísmo no hubo empresa en este país que no fuese extorsionada para poder conseguir un contrato. Y te puedo dar la lista de empresas. Nos centramos solo en el tema Odebrecht, pero Odebrecht, al menos, tiene el mérito de decir que sí manejaron la plata y de dar los nombres. Claro que ocultaron información, pero les va a tocar seguir dando información.

– ¿Existe la famosa lista de nombres?

– Aparte de las dos cooperaciones eficaces que ya he mencionado, hay una tercera cooperación. Es la que se acaba de producirse hace tres o cuatro semanas, también en Brasil, en donde José Conceição Santos hace una revelación que aún no ha salido en la prensa y que yo he podido conocer. Da números de cuentas, transferencias y montos que se hicieron con los más altos personajes del gobierno anterior.

– ¿Será suficiente para recuperar el dinero público desviado?

– Nosotros tenemos un problema. A diferencia del resto de países, no tenemos una ley que regule la reparación integral. Pasó el primer debate en 2011 y la archivaron. Pero era una ley de repetición, con Mauro Andino como presidente de la comisión, que se aplicaba solo desde el vicepresidente de la República hacia abajo. Yo lo dije en mi intervención: que no estaba el presidente. Debía estar sea quien sea. En ese momento, era Correa, pero cualquiera. El presidente de la República es el primero en el caso de la repetición porque es el responsable político de toda la gestión. Con Correa más aún, porque no solo era el jefe de Estado, sino el de una mafiosa banda criminal. Lo que hizo el Corcho Cordero -Fernando Cordero- fue archivarla. Estamos hablando de 2011, o sea el momento en que comienza la banda. ¿Cómo vamos a comprar la soga para que la pongan en el cadalso? Ese era el razonamiento de los asambleístas de Alianza PAIS que, por cierto, son corresponsables de lo que pasó con Correa.

– Volvemos entonces a la Asamblea, ¿no hay voluntad política de depurar la corrupción? ¿Es posible que haya autoridades locales con millones de patrimonio o que no paguen impuestos?

– Si aquí en el país quisieran averiguar el origen del dinero mal habido, basta con pedir a la ANT la nómina de los vehículos de alta gama, los de más de 80.000 dólares. Y ahí se llama a los propietarios y se averigua.

– ¿Cómo va a financiar usted su campaña presidencial?

– Cuando no hay una empresa electoral, el financiamiento es más relajado, pero más complejo. Aquí solo se apuesta al caballo ganador. Cuando ven un caballo rezagado, no. Solo si empieza a avanzar, ahí la gente, comedidamente, se acerca para ayudar. Pero quienes aportan en las campañas electorales son como buenos jugadores de casino: ninguno apuesta por un solo número. Lo que hay que prevenir es que los financiamientos vengan de dinero oscuro.

– ¿Por qué no transparentar los aportes?

– La ley es absurda. Me parece que los límites de la actual ley son irreales: para la candidatura presidencial está en 1’650.000 dólares. Me parece que es irreal. Debería comenzarse transparentando las cantidades. En los Estados Unidos está reglamentado el tema de los aportes y el gasto electoral. Además, que no está penalizado que alguien apoye económicamente una campaña. Si no quieres tener evasión y no quieres tener fraudulencia, las cosas tienen que ser sobre la mesa. Y que eso se lleve en registros contables.

– ¿Es viable esa reforma legal en una Asamblea tan fracturada?

– Si se transforma solo esa ley no sacas nada, si no hay, además, una ley de repetición. Es trascendental y lleva ocho años archivada. Esos 30 diputados que tiene el oficialismo deberían empeñarse en activar esa norma y la de extinción del dominio. Pero esto es un tema que está ligado a las otras leyes. Si hacemos un parche, queda el parche, pero el problema de fondo sigue ahí.

– ¿Qué hay detrás de esta falta de consecuencias? ¿Comodidad o complicidad? ¿El arroz es multicolor?

– Hay complicidades explícitas. Una de las veces en que se manifiesta esto es con la designación de la María Alejandra Vicuña como vicepresidenta. Votan y, dos días después, la hija de una diputada aparece de alta ejecutiva en CNT. Yo lo puse en Twitter. Nunca pudieron refutar el nombramiento. Primero, la votación para echar a Jorge Glas y luego para poner a Vicuña. La de Sonnenholzner tiene otra connotación porque vino a llenar un vacío, Pero las otras dos tienen esa connotación. Otra cosa adicional son los informes de Contraloría de los 10 años del correísmo. Yo he planteado que, por ley, se declaren nulos esos informes y se vuelvan a hacer, incluyendo los míos.

– ¿De qué serviría si luego se atascan en la Fiscalía?

– Por una razón: el Código Integral Penal correísta. La trampa está diseñada ahí. Cuando llega un informe con indicios de responsabilidad penal, la Fiscalía debería tener plazos fatales para procesarlos. Que llegue el informe y en 48 horas esté abierta la investigación y que en 90 días se cierre la instrucción. Pero la trampa es que el COIP no pone ningún plazo.

Además, hay que contar los 1.300 informes de la propia contraloría que congeló Chiriboga y que son sobre Aduanas, Banco Nacional de Fomento, UPCs, GADs. Necesitaríamos 400-500 fiscales solo para los informes. De todo lo que hablo, tengo los documentos y se los puedo entregar.

Fuente: Expreso

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