Home Política Tras archivo de Proyecto, sector privado busca eliminar el Anticipo del Impuesto a la Renta por la vía constitucional

Tras archivo de Proyecto, sector privado busca eliminar el Anticipo del Impuesto a la Renta por la vía constitucional

by editor

Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG),  presentó este lunes en la Corte Constitucional, en Guayaquil,  una demanda de inconstitucionalidad que busca la eliminación del Anticipo al Impuesto a la Renta. 

Esto se da luego de que la eliminación de este impuesto quedó sin efecto una vez que la Asamblea Nacional dispusiera el archivo del Proyecto de Ley de Crecimiento Económico, en donde estaba contenida la reforma. 

El anticipo recauda $352 millones anuales, lo que representa menos del 1.3% del Presupuesto General del Estado ($30 mil millones), según cifras de la CCG. Arosemena expresó que en vez de gravar renta se está gravando la operación, lo que desvirtúa el objetivo del tributo.  

«Ante el archivo de la ley económica ayer (domingo), hoy (lunes) hemos demandado la inconstitucionalidad del anticipo del impuesto a la renta junto a la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador y la Federación Nacional de Cámaras de Construcción del Ecuador», sostuvo Arosemena, quien señaló que el impuesto «asfixia el capital de trabajo, quitando la liquidez que todo emprendedor pequeño, mediano o grande necesita para invertir y crear trabajo» e insistió en el lema renta ganada, renta pagada.

El presidente de la CCG, quien estuvo acompañado por Carlos Repetto, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil y Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG, explicó que la demanda se fundamenta en los artículos 21, 30 y 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el  artículo 11 numeral 8 segundo inciso y derecho a la propiedad en el numeral 26 del artículo 66  de la Constitución de la República

Agregó que la figura del anticipo del impuesto a la renta impone restricciones excesivas al derecho de la propiedad, haciendo que el sistema tributario sea más complejo y opaco de manera innecesaria y viola de forma irrazonable los principios tributarios de simplicidad administrativa y eficiencia previstos en el articulo 300 de la Constitución.

«Solo es una herramienta para recaudar supuestamente más fácil, cuando en realidad lo que hace es asfixiar al comerciante, complejizar el sistema tributario, y causar dolores de cabeza al contribuyente afectando la liquidez de las empresas, teniendo un efecto negativo sobre el capital de trabajo de los negocios, en especial de los pequeños, teniendo en cuenta que el 98% de las empresas en el país son microempresas», explicó. 

La Corte tiene aproximadamente 4 meses para emitir un dictamen. 

Fuente: El Universo

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