La tarde de este martes 3 de diciembre del 2019, la Cámara Provincial de Azuay aprobó –en segundo y definitivo debate- la eliminación de la Tasa Solidaria. A partir de enero del 2020 los dueños de vehículos ya pagarán este impuesto en la matriculación vehicular.
La sesión fue convocada para las 15:00, pero empezó una hora después con la ausencia de siete consejeros. La Cámara está integrada por 16 alcaldes, siete representantes de las Juntas Parroquiales, el Prefecto y la Viceprefecta.
Como en el primer debate, el tema de la Tasa Solidaria les tomó más de dos horas. Al final, 17 votaron a favor (15 consejeros; el prefecto, Yaku Pérez, y el representante de la silla vacía) y solo la viceprefecta, Cecilia Méndez, estuvo en contra.
Por su actuación, en sus intervenciones fue abucheada por los simpatizantes de Pérez presentes en la sesión. Desde hace un mes, el Prefecto y la Viceprefecta hicieron público el divorcio político y ya no comparten eventos. Entre los alcaldes que no asistieron están el de Cuenca, Paute y Nabón. La eliminación de este impuesto –establecido mediante ordenanza desde el 2014- fue una propuesta verbal de campaña de Pérez para el inicio de su administración.
Los contribuyentes pagan valores diferenciados -de acuerdo con el tipo de vehículo- durante la matriculación. La recaudación anual es de USD 4,5 millones y esos recursos van a las 61 Juntas Parroquiales para el mantenimiento vial.
Esa obligación estará vigente hasta el 31 de diciembre, con la culminación del ejercicio fiscal 2019. La Reforma y Codificación de la Ordenanza que Regula el Sistema de Gestión Vial aprobada ayer establece que la Prefectura mantendrá la entrega de ese monto a las parroquias rurales de su propio presupuesto.
Según Pérez, esos recursos los obtendrá del ahorro de USD 10 millones anuales que hará su administración en temas como la reducción de gastos en publicidad, de plazas de empleo y de los sueldos de los directores y coordinadores departamentales.
También se aprobó la condonación de deudas pendientes hasta el 2018, por este impuesto. Es decir, de los dueños de vehículos que matriculaban en Azuay y que tras la normativa optaron por hacerlo en otras provincias para evadir el pago.
No se conoce el monto de esa evasión. El Prefecto también anunció que empezarán un proceso cierre de los puntos de recaudación y que el personal con nombramiento será reubicado en otras dependencia y a los que terminan sus contratos en diciembre no se les renovará.
Para el prefecto Pérez es un “logro histórico”, mientras que para Cecilia Méndez esa decisión le quita autonomía a las parroquias rurales que sufren por décadas el abandono vial.
Fuente: El Comercio