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Un guía carcelario con el virus, a pesar de medidas en las cárceles

by editor

El primer caso de coronavirus (COVID-19) en una cárcel de Quito se confirmó el último fin de semana, pese a las medidas sanitarias que puso en vigencia días atrás la Secretaría Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

Un guía penitenciario del Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito, fue confirmado con la enfermedad y llevado a estar aislado.

En un comunicado, la SNAI aseguró que el servidor se “contagió en el exterior del centro penitenciario” y que se identificó a otros 16 agentes de seguridad para ser incluidos en el cerco epidemiológico.

No se ha informado sobre casos de presos afectados.

El organismo indicó que están ‘preparados’ para los contagios en los centros.

Para ello aprobaron un protocolo de “Lineamientos, medidas de prevención, contingencia y reacción ante la emergencia sanitaria COVID 19” el 27 de marzo que establece, por ejemplo, la implementación de un pabellón para aislar a los posibles contagiados, con servicios de desinfección.

La medida más fuerte del protocolo fue prohibir las visitas; además, se aplican cuidados sanitarios para los guías y los proveedores de alimentos.

Se permite el ingreso de abogados, pero bajo prevenciones sanitarias. Las personas que se acerquen a un centro deben usar mascarilla y podrán dejar “útiles de aseo, gel antiséptico y vitamina C” que se entregarán a su familia.

Los servidores de seguridad que reciben a un preso verificarán la documentación que legalice su ingreso y pondrán “especial atención al certificado médico y si presenta síntomas como tos seca, fiebre, malestar general”.

Ellos deben hacer las revisiones corporales sin tocar a los presos, se los debe “persuadir para que enseñen lo que portan en sus bolsillos, zapatillas u otra prenda donde se presuma la existencia de objetos prohibidos”. Deben mantener la distancia de 1,5 metros cuando ingresen a los pabellones para los recuentos, que se harán a puerta cerrada.

En las cárceles del Ecuador hay hacinamiento del 33,57 %, y es imposible mantener la medida de aislamiento social.

Según cifras oficiales, hay 39 575 presos ubicados en 64 sitios: 30 centros de Rehabilitación Social, 23 Centros de Privación de la Libertad y 11 Centros de Adolescentes.

Conocer el primer caso en el centro de El Inca ya alteró a los reclusos, quienes en un video difundido en redes sociales muestran carteles en los que piden ‘auxilio’ o “Nos están condenando a muerte”.

Reclaman que “no hay control de ingresos, no hay medicinas, hay hacinamiento. Se tienen que hacer los procesos para sacarnos de aquí…”, dice un hombre con mascarilla que lee su mensaje de un papel.

Hasta la semana anterior se aseguraba que no había contagios. Aunque se registraron amotinamientos en los centros de Puyo, Sucumbíos e Ibarra, que habían sido controlados con ayuda de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Para evitar estos hechos, se ordenó que haya un “uso apropiado del tiempo libre”.

El objetivo es disminuir los riesgos de incidentes, amotinamientos, y “atenuar probables brotes de ansiedad, irritabilidad, agresividad, pánico”.

Los guías deben prevenir desórdenes como la “disminución de calidad en las raciones de las comidas diarias para los adolescentes, jóvenes y adultos”.

También se cuidará que se eviten las noticias falsas, “no reproducirlas y bloquearlas, guardando la seguridad necesaria por órgano regular a los responsables. Evitar la psicosis colectiva”, según el instructivo.

El 25 de marzo, la Alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, hizo un llamado a los Gobiernos a prevenir brotes de COVID-19 en las cárceles. “Tal vez sea necesario limitar las visitas”, dijo, y propuso instalar sistemas de videoconferencia, ampliar el tiempo de conexión telefónica con los familiares y autorizar el uso de correo electrónico.

Esas medidas no son parte de los lineamientos que emitió la SNAI, pero se informó que los presos “han entendido la situación y con diálogos, charlas de prevención se ha podido socializar la decisión”.

El SNAI pidió al Consejo de la Judicatura implementar medios telemáticos para atender el 60 % u 80 % de solicitudes de cambios de medida de prisión por una alternativa.

A esto se suma que la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, sugirió a los jueces del país, así como a la Fiscalía y a la Defensoría Pública, que de acuerdo con sus atribuciones se dicten medidas alternativas a la prisión en delitos flagrantes.

La situación de las cárceles se analizará en la Comisión de Justicia de la Asamblea, que convocó al titular del SNAI, general (sp) Edmundo Moncayo, para tener información específica de posibles contagios.

FUENTE: ECUADOR EN DIRECTO.

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