El inesperado fallecimiento del periodista deportivo de diario El Telégrafo, Augusto Itúrburu, a causa de coronavirus y la posterior pesadilla que han tenido que vivir sus familiares, ha conmocionado la opinión pública y ha animado -a su vez- a que otras personas que han pasado por casos similares levanten su voz.
Ya no hablamos de cuerpos perdidos, de cadáveres que no se pueden encontrar en medio de un mar de otros cadáveres. Ahora hablamos de robo, de hurto de pertenencias y de dinero a personas que han fallecido en hospitales del sistema público de salud. En el caso de Augusto, todo ocurrió en el Hospital de Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La tarde del pasado jueves, cuando sus familiares fueron a retirar el cuerpo del hombre de 40 años, personal de la institución de salud indicó que las pertenencias con las que había ingresado habían sido «incineradas», como una medida de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19.
Nelson Itúrburu, su hermano, en declaraciones a diario El Telégrafo dijo que no pudieron recuperar sus anillos, reloj, celular y tampoco su billetera, donde estaban sus tarjetas de débito. Cuando su padre revisó su celular pudo ver algunos registros de retiros de dinero a la cuenta que tenía en la Cooperativa JEP -donde el señor mantenia el dinero de su jubilación, ahorros y pensiones mensuales- que Augusto gestionaba. La cuenta, cuya tarjeta de débito y clave estaban en la billetera de Augusto, fue vaciada. En total, se realizaron 3 débitos a la cuenta y se sustrajeron casi $600.
«Nelson está a cargo de la situación y para precautelar la salud de su padre, acudió con un poder a la Cooperativa JEP pero no lo quisieron ayudar porque aducen debe ir el propietario de la cuenta», publica en Twitter el compañero de sección de Augusto, Elías Vinueza.
Al respecto, el Hospital del IESS de Los Ceibos emitió un escueto comunicado en el que informa que «se ha emprendido una investigación interna para esclarecer los hechos sucedidos (…) esta unidad hospitalaria recalca que, ante lo que puedan arrojar futuras investigaciones, estaremos prestos a ofrecer toda la información a las entidades de control así como a los familiares».
El caso de este periodista deportivo no es el único. A raíz de la difusión de su historia, otros casos similares se hicieron eco en las redes sociales. Uno de ellos es el de Luisa Rivera Mancilla, de 79 años, fallecida en el Hospital de Los Ceibos el pasado 2 de abril del 2020.
Su nieto, Allan Arias, de 34 años, cuenta que la adulta mayor ingresó el 31 de marzo y estuvo en una especie de sofá cama con oxígeno, en compañía de otro de sus nietos. Luego fue trasladada a una sala de observación, donde tuvo que despedirse del joven quien la acompañó hasta ese momento.
Dos días después de su deceso, el 5 de abril, empezaron a llegar notificaciones al correo electrónico de otro de sus nietos -quien gestionaba esto de parte de la mujer- del uso de su tarjeta de crédito con compras de recargas celulares por $25, consumos online en Amazon y una transacción virtual con una empresa por $1000. Las tarjetas fueron bloqueadas inmediatamente.
Le indicaron que sus pertenencias se incinerarían o que se pondrían junto con la funda de su cadáver porque «estaban infectadas»: se trataba de una cartera pequeña, donde tenía su cédula, un teléfono, sus tarjetas de crédito y dinero en efectivo (cerca de $200). Nada de esto apareció.
Él y su familia prepararon una denuncia donde pedían al IESS que se investigue y que se revisen las cámaras. Sin embargo, esta no pudo ser presentada «por falta de fiscales», según le dijeron. Tampoco les habilitaron una posibilidad de presentarla vía online. El joven cuenta hoy con tristeza que Luisa era como su madre, pues él creció con sus abuelos. Además, le llama la atención que el certificado de defunción dice «Insuficiencia respiratoria» y no COVID-19, pese a que tenía todos los síntomas.
Allan y otras personas más perjudicadas de formas similares hicieron públicas sus demandas en Twitter.
En el protocolo de manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y presunción de COVID-19, emitido por el Ministerio de Salud Pública no se hace énfasis alguno a la destrucción o incineración de accesorios o materiales que pudieran acompañar al fallecido, como joyas, ropa u otros.
Es más, el IESS, en sus redes sociales, coloca imágenes de pacientes COVID-19 dados de alta, que salen con bolsas y fundas, que podrían (o no) ser sus pertenencias, pero se retiran del centro médico con ellas. Esta es una toma difundida hoy de un alta del Hospital General de Milagro.
Una fuente que pidió no ser identificada, que trabaja en el áerea de emergencia del Hospital del IESS de Los Ceibos, dijo que la percepción es que el instituto está practicamente abandonado. «No hay quien se haga cargo, los administrativos no van a trabajar. Pasan muchas cosas porque no hay control», indicó.
Cortesía de Revista Vistazo