Una niña de 2 años camina descalza por el parterre de la av. Diego Vásquez de Cepeda (Carcelén), mientras su madre vende fruta. En la av. De la Prensa, un pequeño que no pasa de los 8 años mete mandarinas en una malla.
En la Amazonas, una menor de no más de 10 años vende chicles entre los autos. Mal colocados la mascarilla o sin ella, cada día se exponen en la calle al trabajo informal y al covid-19.
Ellos forman parte del grupo de niños, niñas y adolescentes trabajadores de Quito. Entre ellos se considera no solo a quienes venden, sino a quienes piden dinero y a los que acompañan a sus padres a trabajar.
El primer estudio a profundidad sobre trabajo infantil en Quito se efectuó en noviembre del año pasado. Antes no se sabía, por ejemplo, que el 71% de los niños trabajadores tiene entre 5 y 14 años, ni que el 74% de los padres y madres de esos niños empezó a laborar antes de los 18 años.
Tampoco que las administraciones Eloy Alfaro (sur), Manuela Sáenz (Centro) y La Delicia (norte) son donde la mayor cantidad de niños trabajan desplazándose en la calle, en un puesto sobre la vereda o en la vía pública. Y que aún hay pequeños que laboran en minas, canteras y fincas.
El estudio reveló que en Quito, el 3% de niñas, niños y adolescentes, es decir 25 600, realiza trabajo infantil.
El Diagnóstico Situacional del Trabajo Infantil en el Distrito fue liderado por el Consejo de Protección de Derechos. Gisella Chalá, vicealcaldesa y presidenta de la entidad, indica que se basa en una investigación cualitativa y cuantitativa con encuestas a 3 200 hogares con menores que trabajan.
Chalá explica que se está puliendo una ordenanza, y que el tener el estudio es un gran avance. Insiste en la necesidad de atender el problema con política pública y enfatiza en la importancia del compromiso del Gobierno Central para desnaturalizar esta actividad; más ahora que debido a la pandemia se agravó.