Leonardo Pazmiño anhelaba ponerse un negocio y disfrutar de su jubilación junto con su familia en los próximos años. Quería estar libre de preocupaciones. Sin embargo, ese sueño quedó atrás.
Hoy vive con la incertidumbre de lo que pueda ocurrir y en su hogar solo hay un ingreso: el de su esposa.
El quiteño, de 55 años, es uno de los 18 868 despedidos por fuerza mayor o caso fortuito, figura estipulada en el artículo 169 -numeral 6- del Código de Trabajo y que ha sido utilizada durante la pandemia. Y que, de acuerdo con la Ley Humanitaria, se puede aplicar en caso de cese total de la compañía.
Leonardo pasó 32 años y 18 días en una empresa de venta de artículos para el hogar y afirma que desde marzo pasado tiene una mezcla de sentimientos: “Siento tristeza porque uno ha sido eficiente, servicial y se ha ganado el sueldo trabajando. Siento coraje porque ese tipo de comportamientos ante la lealtad que uno ha tenido no es la manera que lo despidan. No fue justo, primero la forma y segundo, la cantidad”.
Son $2128,75 que le están dando a Leonardo, según su acta de finiquito, por el tiempo que se desempeñó como aprendiz en producción, maquinista, digitador, soporte de costos y llegó a ser asistente de sistemas. Dice que no aceptará y que peleará hasta el final.
“Y no solo es eso, entré a la página web del IESS y no han pagado los fondos de reserva desde febrero. A mi edad es complicado conseguir empleo, no tengo título profesional, pero siempre me he sentido profesional en mis aptitudes y me hubiese gustado recibir lo mismo”, dice.
Protagonizó hace varios meses una protesta junto con otros extrabajadores y al constatar que la empresa aún funcionaba, puso la denuncia en el Ministerio del Trabajo. Afirma que hasta ahora no tiene una respuesta de ese procedimiento.
En la familia de Leonardo se estiran los pocos ingresos mientras continúa el proceso legal.
En tanto, en el hogar de Lotis Tapia rezan cada día por un día más productivo. Ella se dedica a la venta de productos de catálogo y vive junto con sus dos hijos, un nieto y su esposo con discapacidad física en el sur de Guayaquil.
Lotis trabajó por 26 años en una compañía de seguros y también fue separada por la figura de fuerza mayor.
“El 30 de abril veo mi teléfono y vi que me llegó una comunicación (del área de Recursos Humanos) por WhatsApp dándome las gracias por el tiempo laborado y me mandan el acta de finiquito con un valor de $632,50, y contesté: ¿Es una broma?, no estén pensando que les voy a firmar y tienen que pagarme por mis años de servicio”, apunta.
Lotis, de 58 años, realizaba servicios generales, como limpieza, cafetería, archivo y mensajería, en la compañía. Fue separada junto con ocho trabajadores y era la única con mayor tiempo. Los demás, según indica, no pasaban los 15 años.
Ganaba un poco más del sueldo básico ($400) y afirma que va a luchar por su jubilación patronal. “Quiero que me paguen lo que me corresponde por ley y mi jubilación patronal. Estoy aquí luchando para mantener a mi familia y ellos (empresa) no pueden hacer esto de un momento a otro, en un momento de más necesidad. Yo di todo, nunca salió una mala palabra afuera de mí. Me parece muy duro lo que han hecho conmigo”, indica.
Junto con su hija de 22 años buscan clientes que gusten de perfumes, cremas o algún maquillaje. Su mayor preocupación es alimentar a su nieto de 8 años.
Jorge Anchundia tampoco se quedó de brazos cruzados y aprovechó sus conocimientos en deportes para generar ingresos. Se dedica a entrenamientos virtuales y con los $140 que logra reunir al mes cancela los servicios básicos y “algo para la comida”.
Vive con su madre y otros familiares y entre todos se apoyan en la crítica situación.
Anchundia laboró por cerca de 20 años en un complejo deportivo que se acogió al caso fortuito con cese total. Su jornada no era completa y ganaba menos del salario básico. Sin embargo, afirma que los $1200 que le ofrecían no era lo justo.
“No pueden ser tan malos, que alguien te ha dado 20 años de trabajo, que no te han dado de qué hablar y ha sido responsable con su trabajo, y encima le den esa liquidación. Yo creo que no me lo merezco y ni se debe tratar así a un ser humano”, dice.
Hace unos días llegó a un acuerdo laboral y dice que por desesperación aceptó $2200. Destinó una parte a las deudas.