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Estrategias del Ecuador para proteger sus recursos marinos.

by Kelvin Jarama

En las semanas finales de junio del 2020, una flota pesquera con más de 300 barcos de gran calado se desplazaba muy cerca de la frontera marítima entre las islas Galápagos y el Ecuador continental. El hecho puso en alerta al Gobierno ecuatoriano debido a la amenaza que esto representa para la biodiversidad de las especies marinas que habitan y circulan por esta zona. Desde el Estado y el sector privado se han planteado varias opciones en el manejo de esta situación.

La concentración masiva de barcos extranjeros de pesca en las cercanías del mar territorial ecuatoriano se ha vuelto un problema que se repite cada año. Las alertas se han emitido consecutivamente desde el 2017, por parte de la Armada. En agosto del 2017, el buque chino Fu Yuan Yu Leng 999 fue capturado dentro de los límites de la Reserva Marina de Galápagos con 300 toneladas de pesca, entre las que se hallaron al menos dos especies de tiburón consideradas vulnerables.

El barco y la mercadería fueron incautados y los tripulantes procesados por tenencia y transporte de especies protegidas. Entre 2007 y 2017 se han capturado 18 barcos pesqueros en actividades ilícitas de pesca, tenencia, transporte y comercialización de especies protegidas, según información del Parque Nacional Galápagos.

Este 2020, la flota pesquera se ha mantenido por fuera de las 200 millas que corresponden a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) alrededor del archipiélago de Galápagos y desde la costa continental. Sin embargo, entre ambas zonas territoriales, hay una franja de 160 millas que tiene régimen de aguas internacionales, con libertad para pesca y tránsito.

Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, dice que “La flota pesquera no ha ingresado en aguas jurisdiccionales ecuatorianas, por lo que el Estado no tiene posibilidad de hacer una intervención directa para detener o interrumpir sus actividades, porque técnicamente se encuentra en aguas internacionales”. El diplomático de carrera reconoce la preocupación que genera la actividad de estas embarcaciones.

“La presencia de una flota pesquera de esa magnitud constituye un riesgo serio para la permanencia de las especies aprovechables en esa zona”. En ese escenario, Suárez asegura que una de las mejores opciones para el Estado es recurrir a la vía diplomática. Este 2020, al igual que en 2017, el presidente Lenín Moreno dispuso a la Cancillería que inicie las gestiones jurídicas y diplomáticas pertinentes.

“La Cancillería ecuatoriana ha hecho gestiones tanto en Beijing como en Quito para hacer conocer a las autoridades chinas que el Ecuador hace respetar sus derechos marítimos sin diferencia de banderas”, dijo el canciller Luis Gallegos en un comunicado. China respondió a través de su embajada. “Tras consultar con las autoridades chinas competentes y verificar con la Armada de Ecuador, todos los buques pesqueros chinos están operando legalmente en alta mar fuera de la ZEE de las islas Galápagos, que no representan ninguna amenaza para nadie y sus derechos legales debe ser garantizados”.

Suárez explica que otra opción es abrir una línea de negociación amistosa con China, apelando a organismos y tratados internacionales como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), un instrumento que incentiva a los Estados a “establecer acuerdos para evitar la sobreexplotación y agotamiento de las especies”. Además, el Ecuador podría tener una mejor posición para negociar si se consolida una posición regional, dice Suárez.

En este caso, la opción sería recurrir a “la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que nació de la necesidad de conservar los recursos pesqueros de los países que tenemos costas al Pacífico. En ese sentido, Ecuador, Perú, Chile y Colombia comparten intereses en la preservación de especies”.

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