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Tres incentivos pone en vigencia el CNE para motivar a ciudadanos a integrar las Juntas Receptoras del Voto

by editor

Tres incentivos para motivar a los ciudadanos a que acudan a integrar las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en el contexto de la pandemia del COVID-19 implementó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para los estudiantes universitarios, el Consejo gestionará ante la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) «un reconocimiento académico».

Para aquellos ciudadanos que deban integrar una junta en recintos electorales de difícil acceso, ya sea de forma área o fluvial, se establecerá la compensación económica en cada proceso electoral, que se entregará el día de la votación.

Y a todos los miembros de las juntas escogidos se les entregará un certificado como «reconocimiento público por su participación cívica y democrática con valor institucional».

En el caso de los funcionarios públicos y privados, se gestionará con el Ministerio de Trabajo un día adicional de vacaciones, como ha venido ocurriendo en otros procesos electorales.

Estos incentivos fueron incorporados en el reglamento para la conformación de las JRV, que se aprobó la noche del jueves, con cinco votos afirmativos de los consejeros.

Como parte del debate, se pedía incorporar esta compensación económica ante el temor de que los ciudadanos no acudan a integrar una junta, por el COVID-19.

El vicepresidente Enrique Pita planteó que se incluya el pago en el reglamento y se elabore una adenda para incrementar este rubro dentro del Plan Operativo Electoral (POE) que se aprobó la semana anterior, con un presupuesto de $114, 3 millones.

Opinó que la compensación económica podría acordarse con el Ministerio de Finanzas; pero la consejera Esthela Acero advirtió que si en el futuro no se asigna ese valor podrían incurrir en un incumplimiento.

Finalmente, la presidenta Diana Atamaint sugirió que se incluya un inciso con el que el CNE «podrá» establecer la compensación, solo si existe la disponibilidad de recursos.

A esta incertidumbre se suma que el Consejo mantiene una deuda de $ 2 085 640, en el pago a los miembros de las juntas desde los comicios generales del 2017, la consulta popular del 2018, y los comicios seccionales del 2019.

No obstante, el reglamento determinó que los ciudadanos que no hicieron efectivo el cobro hasta el 31 de diciembre de 2019, la compensación «prescribirá».

Los criterios para escoger a estos actores del proceso electoral, es que sean estudiantes legalmente matriculados en el sistema de educación superior. Los empleados privados y públicos que cuenten con un título profesional, los empleados públicos y privados bachilleres, estudiantes de bachillerato mayores de 18 años de colegios urbanos y rurales.

También, ciudadanos que residen en zonas rurales que hayan concluido la instrucción general básica; y, los que se asignen del registro electoral dependiendo de la jurisdicción.

Cada junta está integrada por tres personas y sus suplentes, y su participación es obligatoria. En el caso de no asistir, deberán presentar una justificación.

Las directrices para estos comicios exceptuó a que integren estas instancias personas de entre 16 y 17 años, mayores de 60 años de edad, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas que dispongan de carné de discapacidad.

De acuerdo con el calendario electoral, el 9 de noviembre estarán seleccionados. Del 10 de noviembre al 24 de diciembre se los notificará; y, la capacitación se hará del 17 de noviembre hasta el 7 de febrero del 2021.

El número de miembros de juntas estará en concordancia con el número de recintos electorales, que para estos comicios serán unos 4274, frente a los 3665 que se habilitaron en las elecciones seccionales del 2019. Guayas será la provincia en la que habrá un incremento: en el 2019 hubo 465 recintos, y para los siguientes comicios 533.

El Consejo dispondrá de medios tecnológicos para notificarles; y, el día de las votaciones se tomarán protocolos de bioseguridad en cada uno de los procesos.

El POE aprobado asigna $2 millones para la compra de implementos de bioseguridad como mascarillas, protectores faciales y alcohol en gel. 

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