La construcción del hospital de Pedernales desde 2016, enfrenta un juicio por lavado de activos que se lleva en la misma provincia y una investigación por delincuencia organizada en la fiscalía, desde Quito.
La construcción sigue detenida, y algunos fondos permanecen como evidencia en la Fiscalía y otros están congelados hasta que concluyan los procesos legales.
La Corte Constitucional, el pasado 9 de septiembre, ratificó las medidas cautelares solicitadas por la empresa Seguros Confianza, lo que suspendió el intento de cobro que emprendía el Estado por $7’901.000.
El ministro Transporte y Obras Públicas (MTOP), Gabriel Martínez, que visitó Pedernales, señaló que el Estado pretende apelar la decisión de la Corte Constitucional (CC), ya que hay una diferencia de unos $6 millones “entre lo que ellos están dispuestos a cancelar y lo que nosotros estamos reclamando”, dijo.
La aseguradora señala que ha actuado conforme a la ley y que los fondos estatales (cerca de $6 millones) reposan en cuentas bancarias de BanEcuador y Banco Internacionales. Para construir el centro de salud hacen falta aproximadamente $17 millones. Al menos 7 de estos millones están congelados por el juicio de lavado de activos.
“Estamos solicitando audiencia a la jueza para que descongele los fondos que están retenidos por el Consorcio Pedernales en las cuentas del Banco Internacional y de BanEcuador”, dijo Martínez. Por tanto, en caso de lograr recuperar estos fondos y, a su vez, cobrar a la aseguradora, el Estado estaría cobrando dos veces.
“Ya no vamos a esperar el cobro de la garantía o la recuperación del dinero inmovilizado, sino que vamos a buscar otras fuentes de financiamiento”, detalló Martínez, durante una entrevista con LA HORA