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Jaime Nebot y sectores productivos impulsan el pedido de la consulta popular

by editor

Representantes de 20 gremios y colectivos de los sectores productivos y sociales formalizaron este 17 de septiembre ante la Corte Constitucional con sede en Guayas, el pedido de consulta popular anunciado el 26 de junio pasado por el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

Por sorteo, la competencia para conocer la petición contenida en 42 fojas radica en la jueza constitucional Carmen Corral Ponce, para lo cual tendrá que presentar un proyecto de dictamen que será puesto a consideración del pleno de la Corte Constitucional. La jueza ponente determinará en su informe si es que se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Según el procedimiento, entregada la solicitud de Consulta Popular, la Corte Constitucional tiene 20 días hábiles para emitir su dictamen. Posterior a ello se acudirá al Consejo Nacional Electoral a retirar los documentos pertinentes para iniciar la recolección de firmas. Según el último registro electoral se necesitarán 663.100 firmas, que corresponden al 5% del padrón electoral.

La propuesta de consulta popular plantea al ciudadano la creación de un delito que sanciona la violación agravada por la muerte de la víctima, menor de 14 años, para que se imponga una pena de hasta 50 años de reclusión.

Si los ecuatorianos aprueban o no que los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores, acuicultores y los artesanos tengan créditos baratos que no superarán el 60 % de los intereses establecidos para otros créditos de dichos sectores.

Entre las doce preguntas se incluye la posibilidad de que los pequeños productores tengan gratuitamente el acceso a la tecnología para hacer más productivas sus actividades. Semillas de alto rendimiento para los agricultores; inseminación de los hatos para los ganaderos; y para los pescadores artesanales el Estado adquirirá un Buque-Laboratorio que permita localizar la pesca e informar a las familias de dichos pescadores su ubicación necesaria por los peligros del mar y la acción de los piratas.

Creación o no de un delito que sanciona con prisión de 1 a 3 años a quienes de manera habitual a través de prácticas dolosas, atente contra el comercio justo, perjudicando a los pequeños productores de productos perecibles agrícolas, acuícolas, pesqueros y ganaderos, que no tengan precios de sustentación, desvalorizando su trabajo, y aprovechándose de su vulnerabilidad económica que les impide comercializarlos de manera regular, es la cuarta pregunta que se plantea en la consulta.

Que se prohíba o no al BIESS, al ISSFA y al ISSPOL que inviertan directa o indirectamente, sus recursos en cualquier título valor que emitan instituciones que conformen o sean propiedad del Sector Público Ecuatoriano, a fin de que esos recursos dejen de ser, como hoy, un impuesto inútil al salario y se conviertan en atención eficiente a la salud, préstamos suficientes y pensiones dignas para los aportantes, es la quinta pregunta planteada en la consulta.

Otro tema planteado es obligar al IESS y al BIESS que informen y comuniquen mensualmente a través de sus páginas web, e individualmente a todos los afiliados, el detalle del gasto institucional y del objeto, plazo, monto y rendimiento de todas y cada una de las inversiones que realicen. Los funcionarios que violenten esta disposición quedarán cesados de sus cargos inmediatamente y de pleno derecho.

Que se obligue al BIESS a contratar de manera permanente una consultora de prestigio nacional o internacional para calificar el riesgo, la rentabilidad y liquidez de las inversiones financieras de los aportantes.

En el paquete de preguntas de la consulta también se propone que se exijan las mejores prácticas ambientales disponibles como requisito indispensable para autorizar y desarrollar proyectos hidrocarburíferos y mineros, a fin de que el país prospere con una política sostenible y sustentable y, con equilibrio entre la protección ambiental y la factibilidad económica.

Que las rentas que corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales) ya no podrán ser retenidas arbitrariamente por el Gobierno Central, pues el Banco Central del Ecuador actuará como custodio reteniéndolas para entregarlas directamente a estas instituciones cada mes. Es una de las preguntas centrales de la propuesta de consulta popular presenta a conocimiento de la CC.

Se propone la supresión del mecanismo de cobrar el IVA y no devolverlo a Universidades Públicas y Particulares, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados e instituciones como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, la Cruz Roja Ecuatoriana, Fe y Alegría y la Fundación Oswaldo Loor. Solo se emitirá una declaración (registro) para los efectos tributarios correspondientes.

También se espera la aprobación de una pregunta sobre la aprobación del Presupuesto General del Estado, a fin de que éste sea aprobado cuando haya suficiente fundamento y evitar una sobrevaloración de ingresos y una subevaluación de egresos tanto permanentes como no permanentes.

La última pregunta de la consulta popular plantea tiene relación con la promoción de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de los existentes creando y regulando fuentes de financiamiento a través de fondos de capital de riesgo, asegurando que la sociedad receptora de la inversión se mantenga en manos del socio o socios que hayan concebido el emprendimiento.

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