Una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la resolución de convocatoria a las urnas para las elecciones generales del 2021, desde hoy empezarán a llegar las organizaciones políticas a inscribir sus candidatos, quienes deberán enfrentar dos filtros.
Por unanimidad en una plenaria presencial, los cinco vocales aprobaron ayer la resolución del llamado a las elecciones, previstas para el 7 de febrero del 2021, en las que se elegirá a 144 autoridades: presidente y vicepresidente de la República, 137 asambleístas nacionales, provinciales y del exterior y 5 parlamentarios andinos. Esta se publicará en el Registro Oficial y se preveía divulgarla la noche de ayer por cadena nacional.
El texto de la convocatoria no estaría exento de impugnaciones ciudadanas o de las organizaciones políticas, que fue una de las alertas del consejero Luis Verdesoto.
Y en este cambio de etapa -de la preelectoral a la electoral- el consejero José Cabrera aspiró a que los «ecuatorianos designen a las mejores autoridades, porque es hora de que el país salga adelante. Basta de la corrupción», expresó.
Para el vicepresidente Enrique Pita este es el «inicio de nuevos caminos». Pidió a los partidos y movimientos políticos vigilar el desarrollo del proceso, a la vez que él se comprometió a «cuidar y garantizar que el voto se respete».
Así, la primera tarea de los cinco consejeros será velar que en la fase de inscripción de los candidatos, que va desde hoy hasta el 7 de octubre, cumplan los requisitos e inhabilidades establecidos en la Constitución, el Código de la Democracia y el reglamento para el efecto.
Esta última normativa contiene 16 inhabilidades y 11 causales para negar una inscripción.
Habría más de 4000 precandidatos que aceptaron su nominación durante la etapa de democracia interna.
Las candidaturas nacionales las calificará el pleno del CNE y dependiendo de la jurisdicción, las Juntas Provinciales Electorales (JPE) o del exterior.
Entre las inhabilidades por las que se descalificará una candidatura es no tener sentencia ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción.
No deben tener contratos con el Estado, adeudar pensiones, tener bienes o capitales en paraísos fiscales quienes sean afiliados a una organización distinta a la que los auspicia, a menos que hayan renunciado con 90 días de anticipación o tengan la autoridad de su grupo político. Quienes no hayan sido electos a través de procesos electorales internos o quienes «no hayan sido electos a través de procesos electorales internos».
El segundo está relacionado con las causas para negar una inscripción, para lo que se verificará que no «falte la firma de aceptación de la postulación de las candidatas o candidatos», o aquellas candidaturas que no provengan de elecciones primarias.
También las listas que no cumplan con el porcentaje de mujeres, jóvenes o listas incompletas; no presentar el plan de trabajo, no presentar la declaración juramentada, y otras más.
Si uno o más candidatos no cumplen con lo antes mencionado, la organización política los podrá remplazar en un plazo de dos días posteriores a la notificación.
Al cierre de esta edición, los cinco consejeros designaron a los delegados de las 24 juntas provinciales y de las circunscripciones del extranjero.
Esto se hizo después de que el Ministerio de Finanzas envió una comunicación que fue leída en la sesión y que informaba que se asignaron $1 353 498 para la contratación de alrededor de 150 miembros de las respectivas Juntas.
El Presupuesto Operativo Electoral (POE) aprobado fue de $114, 3 millones, pero el Ministerio lo consideró excesivo en medio de la crisis económica. Sin embargo, se desconoce si se hicieron recortes.
Según la presidenta Diana Atamaint esperaban el desembolso de los primeros $20 millones para avanzar en la organización de las elecciones, dijo en una entrevista en Teleamazonas.
Además de las necesidades informáticas, agregó que necesitan contratar a 40 000 personas que estarán vinculadas con el proceso, y que para reducir costos ellos tendrán remuneraciones bajas.