Home Comunidad Cinco oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas serán acusados por las muertes de dos militares y un policía durante el 30-S

Cinco oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas serán acusados por las muertes de dos militares y un policía durante el 30-S

by editor

Presentación periódica cada 15 días y prohibición de salida del país es lo que ordenó como medida cautelar, la tarde de este jueves, la jueza Luz María Ortíz contra los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera, a quienes la Fiscalía los acusa de ocasionar la muerte del policía Froilán Jiménez y de los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortéz, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

Cerca de cuatro horas duró la diligencia de formulación de cargos en la que la fiscal Claudia Romero dio a conocer los elementos de convicción con que cuenta para acusar del delito de homicidio que se dio contra el cabo de 28 años del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el cual era parte de equipo que evacuaba del hospital de la Policía al entonces presidente de la República, Rafael Correa, y los otros militares que se encontraban en los alrededores de la Mariana de Jesús, al norte de Quito.

A quienes se les abrió una instrucción fiscal de 90 días cumplieron varias funciones durante la denominada Operación Rescate que estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas.

Aquella noche del denominado 30-S, Luis Castro fue el director del operativo militar para sacar del hospital de la Policía al expresidente Correa; Jorge Pana fue el director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Hegel Peñaherrera fue el comandante de la Primera División Shyris; Paúl Guzmán fue el comandante del Grupo Especial GEO; y Jorge Merino fue el comandante del Grupo Especial de Comandos.

Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez Granda, asegura que quienes están siendo procesados son quienes participaron, estuvieron al frente en la incursión y dieron disposiciones directas, mediante las cadenas de mando, para que incursionen mediante fusiles de guerra y munición letal en el hospital de la Policía en Quito.

La fiscal Romero asegura que la Fiscalía está trabajando con absoluta objetividad y aclara que existen derechos de las víctimas y sus familias que no se pueden negar y por ello hay que investigar a fondo el tema.

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