Peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y concusión son algunos de los delitos reconocidos por la Fiscalía que atentan contra la administración pública.
Diana Salazar, fiscal general, aseguró que durante la emergencia sanitaria, estos ilícitos que acogen actos de corrupción, se incrementaron de una forma “escandalosa”. Lo hizo durante su intervención en un seminario internacional virtual denominado Fraude y Corrupción en tiempo de Crisis.
Datos de la institución revelan que actualmente existen abiertos 120 procesos relacionados con estos delitos, principalmente, se investigan supuestas irregularidades en la comercialización y adquisición de insumos médicos para superar los estragos de la pandemia del Covid-19.
De la cifra mencionada 109 de los eventos se encuentran en fase de investigación previa y 11 pasaron a la fase de instrucción fiscal. Además, la Fiscalía investiga a 380 personas, 85 ya están vinculadas a procesos, mientras que otras 55 se encuentran detenidas.
Pablo Encalada, especialista en derecho penal, dijo que en este tiempo de emergencia sanitaria, se conocieron infracciones penales que tienen que ver con la contratación pública.
Salazar aseguró que estas irregularidades se registraron en el régimen de contratación por emergencia.
“Constatamos cómo se realizaron procesos discrecionales que afectaron con sobreprecio al Estado, es decir a sus ciudadanos”, manifestó durante el foro.
Encalada explicó que la Constitución establece que los delitos de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y peculado pueden ser juzgados en ausencia y son imprescriptibles. Es decir, no se requiere la presencia de la persona para continuar con el proceso y tampoco fenecen con el transcurso del tiempo.
Según la Fiscal, la aplicación de la prisión preventiva en los delitos de cuello blanco se da en un 20% y en los delitos comunes se dicta en un 49% de las causas y que eso tiene una directa relación con el porcentaje de fuga de los implicados.
Para combatir estos comportamientos penales, la Fiscalía conformó la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria que está integrada por varios funcionarios del Estado.
«La corrupción es un fenómeno estructural que afecta los principios esenciales de la democracia y del estado de derecho, en tanto profundiza la desigualdad social, inequidad y pobreza». Diana Salazar, fiscal general.