Con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se decidirán hoy, lunes 5 de octubre del 2020, el número de votos que se requiere para la destitución de asambleístas podría incrementarse de 70 a 91. Así consta en el informe que presentará la ponente del proyecto y presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Ximena Peña, en la continuación de la sesión 656 del Pleno que está convocada para las 19:30 en la modalidad virtual.
“Destituir con el voto favorable de la mayoría calificada a las y los asambleístas, de conformidad con las causales y el procedimiento establecido en esta Ley”, dice el numeral 23 del artículo 7 que reforma a las funciones y atribuciones del Parlamento. En el artículo 94 del proyecto también se establece que se requerirá de una mayoría calificada para el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de un asambleísta. Los asambleístas independientes Mae Montaño y Héctor Muñoz consideraron que se trata de una forma de “blindaje” para los legisladores involucrados en irregularidades.
“No es la primera vez que de última hora nos colocan temas importantes. Y el tema de peso en este momento es cómo se va a depurar la Asamblea si nos estamos blindando, en lugar de facilitar los procesos los hacemos mucho más complicados”, señaló Montaño.

Muñoz es uno de los integrantes de la Comisión de Justicia. El legislador dijo que no está de acuerdo con el informe preparado por Peña porque no responde a los consensos dentro de la mesa. Sin embargo, Esteban Torres (PSC), otro de los comisionados, señaló que “es lo adecuado”, pues para censurar y destituir un ministro de Estado se requiere de 91 votos, a pesar de que no se trata de una dignidad de elección popular.
La expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, del bloque AP-aliados, menciona que lo que se busca es lograr un “equilibrio” para resolver las destituciones dentro de la Función Legislativa y el resto de funciones. Cabezas resaltó que el proyecto incluye la creación de un Comité de Ética para el control disciplinario de los parlamentarios. La votación del proyecto se da cuando en este periodo alrededor de 60 legisladores son investigados por la justicia por distintas causas. Entre ellos, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Karina Arteaga (AP), procesada por supuesta concusión.
En el actual periodo, la Asamblea destituyó a tres asambleístas: Norma Vallejo (AP), Sofía Espín (RC) y Ana Galarza (Creo) por irregularidades. Para ello, por resolución del Pleno, se requirió de una mayoría absoluta, algo que no está definido en la ley vigente. Además, en lo que va del año renunciaron a sus cargos Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, procesados por supuesta delincuencia organizada, mientras que Viviana Bonilla (exAP) perdió su cargo por la sentencia de ocho años de cárcel por el caso Sobornos.