Home Política Corte Constitucional escuchó argumentos de gremios empresariales sobre las reformas a la Ley de Apoyo Humanitario

Corte Constitucional escuchó argumentos de gremios empresariales sobre las reformas a la Ley de Apoyo Humanitario

by editor

La Corte Constitucional de Justicia realizó el día de ayer una audiencia pública telemática para escuchar el pronunciamiento sobre las más de 20 demandas de inconstitucionalidad presentadas por la sociedad civil en contra de la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis económica por el COVID-19.

En la primera jornada que arrancó ayer por la mañana y que está presidida por el juez sustanciador Alí Lozada, intervinieron 35 ciudadanos, en representación de organizaciones sociales, gremios empresariales, así como de la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría del Estado.

La primera en exponer fue la Defensoría del Pueblo, cuyo titular Freddy Carrión, consideró que esta norma «vulnera los derechos de los trabajadores». A la vez que Alexandra Almeida, de la dirección de Protección del Trabajo de la Defensoría, pidió la inconstitucionalidad de los artículos 17, 21, 24 y disposiciones reformatorias.

En el caso del artículo 21 sobre ‘el goce de vacaciones’, que permite al empleador notificar de forma unilateral el cronograma o establece la compensación de la inasistencia como vacaciones ya devengadas, aseguró que esto “anula” la posibilidad de que los trabajadores decidan sobre las mismas y «no pueden ser dispuestas por el empleador».

Otra preocupación común es la del artículo 24 sobre la desconexión en la modalidad del teletrabajo, ya que se permite la desconexión por doce horas. Pero, la jornada laboral en Ecuador es de ocho horas.

Sebastián Espinosa, abogado de la Presidencia de la República, respondió a las críticas que esto “está dentro de la órbita de los derechos y garantiza el descanso de doce horas”.

Otros demandantes como el asambleísta Raúl Tello (BADI) opinó que se «violenta principios de irrenunciabilidad a los derechos laborales», y que permitió el despido de 700 mil trabajadores.

Las organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Parlamento Laboral, la Confederaciones de Trabajadores Madereros, Asociación de Sindicatos Bananeros, la Unión General de Trabajadores, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), la Red de Trabajadores Eléctricos, coincidieron en impugnar la reducción emergente de la jornada laboral, los acuerdos entre empleadores y trabajadores, el goce de vacaciones, la interpretación del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo.

Esta última sobre la “imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador”, fue cuestionada por el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) e Industrias Omega.

En conjunto, la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajado, la Procuraduría General del Estado pidieron a la Corte que se rechace estas demandas, se declaren improcedentes y se las archive.

Jaime Muñoz, en representación del Legislativo, subrayó que la norma impulsa el «pleno empleo». Y los artículos no deben “interpretarse como una vulneración de derechos”.

Byron Valarezo, abogado del Ministerio de Trabajo aseguró que no existe una precarización laboral ni tercerización, con la emisión de los acuerdos 132 y 133. “El compromiso es permanecer en relación directa con el empleador, que los trabajadores no cambien de empleador”, expresó.

Mostró cifras, y señaló que en medio de la pandemia se «salvaron» 73.149 empleos, se crearon 199.854 empleos; pero se han firmado 639. 304 actas de finiquito.

La diligencia continuará este viernes. 

Fuente: Diario El Universo

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