Home Política Ruth Arregui Solano: “La Ley de Apoyo Humanitario permitió que el monto de los créditos diferidos ascienda a $ 10.800 millones durante la pandemia”

Ruth Arregui Solano: “La Ley de Apoyo Humanitario permitió que el monto de los créditos diferidos ascienda a $ 10.800 millones durante la pandemia”

by editor

La Superintendente de Bancos, Dra. Ruth Arregui Solano, mantuvo una conversación con los panelistas del programa Los Especialistas del portal digital www.ecuadorendirecto.com, en donde trató sobre las medidas de alivio financiero que consisten en los diferimientos extraordinarios de pagos de créditos. “Estas  fueron recomendadas por la Superintendencencia de Bancos, pero a quien le corresponde esta regulación es a la Junta de Política y Regulación Monetaria; ellos emitieron una resolución que daba 60 días para que pudieran diferirse los pagos y, mientras se hacían estos diferimientos, estaba asegurada la calificación crediticia, no se debían cobrar intereses por mora, ni cobrar otro tipo de recargos mientras durara el periodo”, dijo Arregui.

“Las medidas son de carácter voluntario, quiere decir que debe haber un acuerdo entre las partes tal como nació en el crédito inicial y las tres figuras bajo las cuales se podía hacer el diferimiento son la reestructura, el refinanciamiento y la novación del crédito”, agregó. “En caso de que exista alguna inquietud, la primera puerta de reclamo o queja siempre va a ser la institución financiera, porque allí existe la figura del defensor del cliente y este tiene la obligación de resolver estas dudas o quejas. Sin embargo, si este no las resuelve, la Superintendencia de Bancos tiene una serie de canales a través de los cuales recepta las quejas y atiende estas consultas”, explicó.

Al ser consultada por la existencia de alguna sanción para las instituciones financieras que cobraron intereses por mora durante la pandemia, la Superintendente mencionó: “Es un grupo de clientes que han sido afectados, no por interés de mora, sino más bien porque en el diferimiento de los intereses, cuando se debía hacer el  nuevo cálculo, los intereses se sumaron en un solo periodo. Estas instituciones ya fueron observadas por la Superintendencia de Bancos y es por ello que ya han devuelto estos recursos a sus clientes; pero siguen un proceso que consiste en que ellos deben presentar un descargo ante la Superintendencia y nosotros valoraremos en función de la gravedad del incumplimiento. Existe un régimen sancionatorio que estable cual es el tipo de sanción que se debe aplicar para cada uno de los casos en que haya incumplimientos por parte de las instituciones financieras”.

Arregui sostiene que la Superintendencia de Bancos ha venido monitoreando y evaluando cada una de las medidas que se han tomado post pandemia para determinar si son oportunas o apropiadas y si estas permiten llevar el alivio financiero a las personas naturales y jurídicas. “En este sentido, la primera resolución que emitió la Junta de Política y Regulación Monetaria tuvo un informe favorable por parte de la Superintendencia de Bancos y para cuando se hizo la ampliación del plazo de los 90 días, la Superintendencia emitió la resolución 582. Luego, para poder circunscribirse dentro del plazo que daba la Ley de Apoyo Humanitario, que son los 180 días, se hizo un nuevo estudio de la conveniencia de esa extensión del diferimiento”, indicó.

Según la Superintendente, el plazo que establecía la Ley de Apoyo Humanitario feneció el 12 de noviembre y era necesario tener medidas temporales que permitan extender el alivio financiero y preservar el resguardo de los depósitos. “Aquí, con informes de la Superintendencia de Bancos, la Junta ha expedido la resolución 609. Esta nueva resolución lo que hace es mantener estos beneficios para los clientes que tienen prestamos en la banca, pero dentro de una periodicidad que va a ir hasta el 30 de junio de 2021”, afirmó. Arregui aseguró que lo que se logra con esta medida es homologar la clasificación contable del paso de las cuentas cuando vencen. “La homologación consiste en que dependiendo del tipo de crédito, tiene un plazo de entre 15 y 60 días y hoy, todos esos segmentos de créditos han sido extendidos al máximo plazo. Sin embargo, se necesita que también haya el acompañamiento de medidas de política pública, porque no es posible que solamente la banca pueda hacer estos diferimientos porque se quedarían siempre en corto plazo, entonces no puede haber un descalce entre los depositantes y los créditos que se conceden”, añadió.

Sobre el papel que desempeñan los defensores del cliente en las instituciones financieras, Arregui manifestó: “No son ni juez ni parte. Desde abril de 2019 a la presente fecha, los defensores de los clientes de los distintos bancos tienen el compromiso de atender las consultas, quejas o reclamos; no necesariamente quiere decir que tiene que resolverse de manera favorable. Pero para conocimiento de la ciudadanía, la absolución de quejas y reclamos es más o menos proporcional, es decir, casi un 50 o 55% es a favor de los clientes y entre un 40 0 45% a favor del Banco. Dependiendo el tipo de queja que se haga, es favorable o desfavorable al cliente; pero en general, mayoritariamente, se favorece al cliente”.

Al referirse sobre los beneficios de Ley Humanitaria a los clientes de la banca, la Superintendente expresó: “La Ley Humanitaria mantuvo unos beneficios que ya venían de las resoluciones de la Junta y eso ha permitido que estos beneficios puedan ser ampliados en el tiempo, es decir, el diferimiento de acuerdo a las resoluciones de la Junta se cumplieron en 150 días. Entonces cuando salió la Ley de Apoyo Humanitario, al extender a 180 días, permitió tener una holgura mayor para poder hacer los diferimientos”. Arregui asegura que esto ha sido beneficioso, tanto que en el pico de la pandemia, el monto de los créditos que fueron diferidos ascendió a  $ 10.800 millones, representando aproximadamente un 36% del total de la cartera de crédito de la banca y que, a su vez, se realizaron 1´977.000 de operaciones que corresponden a los clientes.

Por otra parte, también se comentó sobre un supuesto nuevo impuesto que ciertas instituciones financieras están cobrando. Al respeto, Arregui aseveró: “Las empresas de seguros están controladas por la Superintendencia de Compañías. Hay un registro contable que están haciendo los bancos que es el seguro de desgravamen que tienen los créditos para diferenciar la porción de la cartera que fue diferida. Le pusieron el nombre de Seguro Covid, pero no es un nuevo seguro, es solo un etiquetado para que pueda diferenciarse que porción corresponde a las operaciones diferidas. Fue un error etiquetarlo como Seguro Covid, debieron haberla etiquetado de otra manera para que las personas no piensen que le están cobrando un seguro adicional”.

Finalmente, realizó un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar, tras recibir una serie de reportes en donde se deja en evidencia que existen estafadores que ofrecen créditos a las personas. “Para otorgarles el crédito, les piden que realicen un depósito. Entonces, hacen el depósito e inmediatamente desaparecen estos estafadores con el dinero de las personas”, alertó.

La entrevista completa en YouTube ⬇️

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