La audiencia en la que se tratará una acción constitucional de protección solicitada por Gustavo Jalkh y otros tres vocales destituidos del Consejo de la Judicatura será el lunes 22 de febrero del 2021, a las 09:00, en la Unidad Judicial del norte de Quito. “Le voy a decir puntualmente. Buscamos que se analice a la luz de las normas constitucionales lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs-t)”, dijo Jalkh a una consulta de este Diario sobre el objetivo de la acción de protección.
La acción de protección fue planteada por Jalkh, Rosa Jiménez, Ana Karina Peralta, Alejandro Subía, y Néstor Arbito. Ellos fueron cesados en 2018 tras un proceso llevado a cabo por el Cpccs-t transitorio tras una evaluación que concluyó que incumplieron los cinco parámetros del proceso: legitimidad en el cargo, cumplimiento de funciones, gestión de recursos, transparencia y evaluación ciudadana. La aplicación de estos fundamentos se hizo con base en los informes de gestión presentados por la Judicatura, las 882 denuncias que el Consejo de Participación receptó en su contra y el informe del equipo de evaluación. La resolución tenía 164 páginas. Se describen, uno a uno, los parámetros incumplidos y se los desagrega en 21 indicadores y 50 categorías. La lectura parcial de ese documento tardó un poco más de cinco horas.
Hernán Ulloa, vocal del actual Consejo de Participación Ciudadana, indicó que estará en la audiencia planificada para este lunes. “Nuestro deber es acudir a la diligencia para defender la institucionalidad del Consejo y de lo actuado por el Cpccs-t. Más allá de cualquier supuesto derecho vulnerado. Como institución accionada vamos a sostener una defensa”. Para Ulloa, la demanda señala que hubo “un quebrantamiento a la norma” al haberlos cesado en funciones. Sin embargo le llama la atención el momento en el que se da paso a este recurso legal. “Es impresentable que a estas alturas, luego de haber sido cesados casi tres años atrás, ahora que estamos entrando en una segunda vuelta electoral, quiera quererse remover lo actuado de manera constitucional por el Cpccs-t”.