Con el pasar de las horas los datos de la masacre ocurrida en la cárcel de Turi queda en descubierto la extrema violencia con la que los internos se mataron entre sí. La mañana de este miércoles 24 se contabilizaron 34 muertos de los cuales 18 fueron decapitados.
Otros doce reos que resultaron heridos se encuentran hospitalizados. La falta de información oficial tiene en incertidumbre a los familiares que la mañana de este miércoles se encontraron en los exteriores del Centro Forense.
Sentada sobre la vereda y a la espera de información estaba Juana, quien llegó de Esmeraldas hasta el Centro Forense de Cuenca para conocer las razones por las que mataron a su hermano. Ella se enteró de que su familiar era una de las víctimas mortales porque le pasaron una foto a su teléfono celular y lo reconoció.
Detalló que en medio de la revuelta la llamó para pedirle que se comunique con urgencia a la Policía “porque los iban a matar”. Posteriormente, según dijo la mujer, él recibió dos disparos en las piernas y luego lo asesinaron.
En la misma situación estaba Milton, con la diferencia de que desconocía si su hermano estaba muerto, herido o a salvo. Relató que desde temprano los tienen de lado a lado entre la cárcel de Turi y el Centro Forense, sin obtener una respuesta.
Milton vive en Cuenca y la última vez que habló con su familiar fue hace dos meses. Por ahora solo quiere alguna explicación porque sabía que su hermano pertenece a una banda. No quiere que su madre, que vive en Quevedo, se entere por otros medios.
Otros, que seguramente ya tenían información real, hasta trajeron ataúdes en vehículos particulares para llevarse los restos.
Según el fiscal de Azuay, Leonardo Amoroso, hasta la mañana de este martes se verificó que existen 18 cuerpos decapitados y 12 reos heridos. También 21 personas privadas de libertad que sobrevivieron al ataque en Turi fueron trasladadas a otros centros.
En el transcurso de este miércoles los fiscales identificaron a 15 cadáveres, pero en el caso de los decapitados pidieron ayuda de un antropólogo forense para analizar los tejidos, tatuajes y las huellas digitales y en caso de ser necesario unir la cabeza con el tronco.
Los sobrevivientes no han querido dar una versión porque “mantienen un código de seguridad” y las autoridades del centro carcelario tampoco han hablado, situación que limita la investigación, pero no la detiene.
Otro detalle que reveló Amoroso fue que el ataque se habría perpetrado por parte de internos que cumplían penas en los pabellones de mediana y mínima seguridad contra el de máxima seguridad B en el que estaban entre 59 y 60 personas privadas de la libertad con penas altas.