Andrés Arauz, candidato presidencial de la alianza Unión por la Esperanza (Unes), presentó este viernes 26 de febrero de 2021, una solicitud de medidas cautelares constitucionales en la que solicitó la suspensión de las diligencias dispuestas la Fiscalía General del Estado con motivo de la indagación No. 012-2021-F6, que se desarrolla por presunto fraude electoral.
La medida cautelar busca evitar un daño irreparable al proceso electoral, pues si el sistema informático es sometido a un peritaje judicial, la fecha de la segunda vuelta electoral podría modificarse, lo que afectaría al sistema democrático en el Ecuador.
El candidato fundamentó, en el hecho de que la apertura de una indagación previa en medio del proceso electoral se constituye en una interferencia de Fiscalía en el proceso, lo que, trasgrede lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Electoral, que prohíbe la injerencia de autoridades ajenas a la entidad en las elecciones.
Adicionalmente, en la petición se manifiesta que la interferencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el proceso electoral abarca también las declaraciones públicas realizadas por la Fiscal General del Estado, respecto de la indagación previa aperturada y de las diligencias que tienen previsto realizarse, en tanto y en cuanto podrían ser considerados mecanismos de presión a los vocales del Consejo Nacional Electoral.
Debemos también alertar a los y las ciudadanos, que la forma en la que se han hecho públicas, las diligencias que debe realizar fiscalía como parte de la indagación previa y la “coordinación” de las mismas con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, institución que está siendo investigada, trasgrede los principios de reserva de información y de imparcialidad que debe existir en toda investigación penal.
Esperamos que los jueces constitucionales otorguen medidas cautelares para salvaguardar el proceso electoral y la voluntad de los y las ciudadanos de elegir a sus autoridades.
Demanda de inconstitucionalidad
El presidenciable informó que también se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad a la autorización que dio el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, a la FGE para que inicie la indagación previa por presunto fraude electoral. En la misma se solicitó la suspensión del acto normativo hasta que la Corte resuelva la demanda de inconstitucionalidad.
El fundamento de la demanda de inconstitucionalidad radica en la falta de competencia del Juez para interpretar los artículos 16 y 19 de la Ley Electoral y para autorizar el inicio de una diligencia pre procesal penal, en medio del desarrollo del proceso electoral.
En la acción se destaca que el pronunciamiento del juez de la Corte Nacional de Justicia, incumple la sentencia No. 002-09-SAN-CC emitido por la Corte Constitucional, que menciona que “únicamente la Corte Constitucional puede interpretar la Constitución y el legislador la ley” por lo tanto, ningún juez puede interpretar la normativa.
Además, el documento enfatiza, en que la única forma en que los jueces de Corte Nacional pueden pronunciarse es a través de fallos de triple reiteración que generan jurisprudencia vinculante. Por lo tanto, no hay forma para que un Juez de Corte Nacional, emita autorización para que FGE pueda aperturar una indagación de este tipo.
Estas acciones buscan precautelar la vigencia del Estado de Derecho, el respeto a la democracia y al buen desarrollo del proceso electoral en el que se encuentra inmerso el Ecuador, pero, sobretodo, evitar que las acciones de otras funciones del Estado sirvan como mecanismos de presión a los vocales del CNE.
Información tomada de la página de Andrés Arauz