José Serrano, exministro del Interior de Ecuador y actual presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional (Parlamento), aseguró que el servicio de prisiones y otros organismos recibieron más de 40 alertas de que se iban a producir altercados dentro de las prisiones. “La Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno y (el servicio de prisiones) SNAI recibieron más de 40 alertas del sistema de inteligencia de que estos hechos se iban a suceder”, aseguró en una audiencia celebrada hoy de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Indicó que uno de esos informes era del “del 22 de febrero”, un día antes de que ocurrieran los amotinamientos y enfrentamientos que dejaron 81 muertos en cuatro centros penitenciarios del país. Serrano aseveró que esa información contenía detalles “específicos” acerca de los “centros penitenciarios en los que se iba a dar esta tragedia” y denunció que el Gobierno “no hizo absolutamente nada”.
Pese a que los crímenes y motines dentro de las cárceles del país son comunes, el pasado martes el Ecuador vivió la peor jornada de violencia en su historia penitenciaria, cuando dos bandas criminales se embarcaron en un sangriento ajuste de cuentas en cuatro centros de reclusión de las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Latacunga. El balance final fue de 81 fallecidos y una veintena de presos heridos en las reyertas, y hasta el miércoles por la noche la Policía y Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir para frenar los amotinamientos y un intento de fuga el jueves en Guayaquil.
José Serrano, considerado “todopoderoso“ responsable del Interior de Ecuador entre de mayo de 2011 y de noviembre de 2016, aseguró en la sesión de la comisión parlamentaria que el problema de inseguridad se vive en todo el país no solo en las cárceles, y que es “mucho más grave y compleja” de lo que aparenta. “Las bandas se han tomado las calles del sur de Guayaquil, del sur de la provincia de Guayas, las de Esmeraldas, los Ríos y Manabí”, donde expresó, “se concentra el microtráfico y narcotráfico” del país.
Ecuador es una de las principales vías de salida de la droga que se produce en Colombia y Perú, y el control de la zona costera es crucial para este fenómeno. Los hechos en las cárceles fueron atribuidos por el presidente Lenín Moreno a la rivalidad entre dos bandas locales por el mercado de la delincuencia y el narcotráfico, los “Choneros” y los “Lagartos”.
Así mismo el Gobierno cree que el asesinato del cabecilla de una de esa bandas, alias “Rasquiña”, en diciembre en la ciudad de Manta fue lo que propició el sangriento ajuste de cuentas. Serrano también dijo que Rasquiña fue liberado de prisión en junio de 2020, 12 años antes de cumplir toda su condena, en un acuerdo con las autoridades. “Se llegó a un acuerdo con funcionarios del Gobierno para que este individuo, complotado con otros cabecillas, mantenga el orden, es decir, los delincuentes mantengan el orden y den información de bandas en el país”, puntualizó. Todo ello a “cambio de esa prelibertad, una sentencia de 20 años que se redujo a 8, menos de la mitad de la condena”. “Esta es la acción de un Gobierno inoperante y corrupto que esta preocupado de poner vacunas (a los amigos, periodistas y familiares) y no de proteger a los ciudadanos ecuatorianos de las estructuras criminales que se han apoderado del país”, concluyó al acusar al Ejecutivo de “meter la cabeza en la tierra como el avestruz”. A la sesión de este viernes habían sido convocados varios altos funcionarios del Gobierno, pero ninguno de ellos compareció.
Para el próximo lunes, la Asamblea Nacional ha convocado al ministro de Gobierno (Interior), Patricio Pazmiño, al comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, y al director del servicio de rehabilitación SNAI, Edmundo Moncayo. Este viernes la situación en las prisiones era de calma contenida, no se ha informado de nuevos desmanes.
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