La Defensoría del Pueblo inició una medida cautelar en una Unidad Judicial de Pichincha para pedir que se imposibilite el regreso a clases hasta que se presenten los protocolos que garanticen que los niños, profesores y sus familias estarán seguros, es decir, que no se contagiarán de COVID-19.
Zaida Rovira Jurado, vicedefensora del Pueblo, explicó la mañana de este martes que en el año lectivo en la Sierra y Amazonía no se ha revisado la infraestructura sanitaria en zonas rurales y que esto genera un gran riesgo de que los niños no cumplan con las medidas sanitarias en medio de una pandemia.
Ella se hizo eco del pedido del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, para que se suspenda este proceso sin conocer todos los protocolos de bioseguridad.
Esta acción se dio ya que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y el Ministerio de Educación dispusieron que 77 instituciones retornen a clases presenciales.
La Defensoría pidió que más bien se garantice el acceso a internet a los niños en medio de la pandemia.