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Presos dan órdenes de crimen desde la cárcel

by editor

La orden para que se lleva a cabo el amotinamiento del pasado martes, salió desde la cárcel Regional de Guayaquil.

Los ataques y masacres en los cuatro centros más grandes del país se coordinaron por medio de llamadas telefónicas. Estos datos son parte de toda la información que hoy está en poder de policías y fiscales.

Agentes muestran que el uso de celulares en las celdas fue clave para que los reos se comunicaran con la Penitenciaría del Litoral y con las regionales de Azuay y Cotopaxi. Los primeros informes advierten que solo en el Puerto Principal, los presos realizaron llamadas desde 132 teléfonos.

Esos equipos fueron descubiertos en paredes, colchones, baños, techos y columnas. Los investigadores indican que estos dispositivos son de media y alta gama, y que los reos optan por estos aparatos para tener una mejor conexión de Internet porque permiten una señal más clara.

¿Cómo tienen acceso a esta tecnología si está prohibido por una norma penal?
Con base en casos documentados, los agentes dicen que hay ciertos guías que ayudan a pasar los dispositivos. Esos datos son corroborados por el Servicio de Rehabilitación (Snai). En sus registros consta que desde agosto del 2019 hasta diciembre del 2020, en el país se ha procesado a 23 celadores. Todos son señalados por supuestamente permitir el ingreso de objetos ilegales a los reclusorios. Otros 127 funcionarios recibieron sanciones disciplinarias por esos hechos. Unos enfrentan penas que van desde uno a tres años. Así lo establece el Código Penal (art. 275).

En la norma se especifican hasta cinco objetos que tienen prohibición de ingresar a las cárceles. Allí aparecen bebidas alcohólicas, drogas, armas, celulares y equipos de comunicación. La Policía descubrió que en la Regional de Guayaquil los internos tienen un mapa con puntos donde no hay cobertura de los inhibidores de señal. Fuerzas Armadas poseen más datos; ha realizado inspecciones de las antenas que están en los exteriores de los reclusorios y advierten que no funcionan al 100% y que todo el sistema tiene puntos ciegos dentro de las celdas.

Datos oficiales indican que 60 inhibidores operan en las cárceles del país. La mitad está dañada. Los presos los han destruido en diferentes momentos. El Snai evaluaba hasta ayer 2 de marzo del 2021 los daños a las estructuras provocados el martes anterior.

Según las indagaciones, los líderes de las bandas delictivas manejan todo el negocio ilícito de la conectividad. Ellos tienen una cadena para vender teléfonos y alquilar llamadas. Los familiares de los reos cuentan que por un celular de USD 60 las mafias cobran hasta USD 500. Un minuto de llamada dentro de las celdas puede costar hasta USD 30. Los investigadores lo corroboran.

Durante los último hechos, decenas de internos de Turi (Azuay) llamaban a sus parientes para pedir auxilio. Los familiares recuerdan que les marcaban y decían que los van a asesinar, que ya se metieron a los pabellones. En ese centro, los internos manejaban 48 celulares. En total, en este año los uniformados han retirado 225 teléfonos de las cárceles del país. Esos aparatos son analizados por peritos de la Fiscalía. Ellos dicen que a través de los dispositivos las mafias también planifican asesinatos de personas que estaban en libertad, secuestros, robo de carros, extorsiones y envíos de drogas.

Uno de los crímenes que se planificó desde la Penitenciaría fue el de alias Rasquiña, cabecilla de Los Choneros. Él fue acribillado en diciembre. Tres meses antes, la Policía desarticuló dos bandas de nueve personas que se dedicaban al robo de carros. Luego de perpetrar los atracos extorsionaban a sus dueños para devolvérselos. Las negociaciones se realizaban con tres internos.

El año pasado, dos directores de cárceles también fueron procesados porque supuestamente conocían y se beneficiaban de pagos ilegales para realizar favores a los detenidos. Entre esos pactos estaba el ingreso de teléfonos y computadoras a las penitenciarías.

Por estos hechos, la Fiscalía ordenó que un equipo de agentes indague las comunicaciones de los internos, en especial las ejecutadas la última semana. Los agentes ya tienen en su poder cinco videos que fueron grabados con celulares y difundidos por redes sociales.

Puntos de vista

Álvaro Román - Penalista
​Se requiere voluntad política de parte del Gobierno para crear una institucionalidad en el sector. Para lograrlo, lo primero que deben hacer es devolver la rectoría del sistema de rehabilitación a un Ministerio y no continuar con un Servicio de Rehabilitación, que no tiene la capacidad para atender directamente estos problemas. Se debe crear una política criminal y de rehabilitación.

Daniel Pontón - Docente
Es urgente crear una política de seguridad del Estado. Debe nutrirse de distintos actores, incluyendo a la sociedad civil. Lo que pasa en las cárceles no se reduce a seguridad penitenciaria. Ahí está en juego la seguridad de Estado, pues hay bandas transnacionales.

Diego Pérez - Investigador
Es necesario fortalecer tres puntos. Uno es la inteligencia penitenciaria. Creo que no lograron adelantarse a los hechos. Luego está pendiente revisar con detalle los círculos de control. Y tenemos que trabajar con el sistema de administración de justicia.

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