Desde el mediodía de este martes 16 de marzo, el pleno de la Asamblea inició el debate en segunda instancia de la reforma parcial a la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y establecer la autonomía de la Fiscalía General del Estado, respecto de la Función Judicial.
El informe presentado por la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales no incluye el tema de la bicameralidad, criticada por varios asambleístas con el argumento de que se aplica para Estados federativos, implica una duplicación de costos y puede generar tensiones e ineficiencia en el accionar legislativo, de las experiencias registradas en el pasado en Ecuador.
La asambleísta ponente y presidenta de la Comisión Ocasional en mención, Elizabeth Cabezas, recordó que, al tratarse de una reforma parcial a la Constitución, se requerirá de un referéndum aprobatorio que se realizaría el próximo 24 de abril, a menos de quince días de la elección de presidente de la República en segunda vuelta y que implicaría un costo de millones, en medio de la crisis sanitaria y económica que vive el país.
Cabezas recordó que esta iniciativa cuenta con el respaldo de 173.661 firmas y fue presentada por el Comité por la Institucionalidad Democrática en julio de 2019, y que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional (CC).
Aunque el asambleísta Héctor Muñoz volvió a cuestionar el hecho de que el informe no haya incluido la bicameralidad en la Función Legislativa, Cabezas sostuvo que la Asamblea tiene plena facultad para generar modificaciones, adiciones a la propuesta, puede votar a favor, cambiar, añadir o restar textos.
Este proyecto de reforma modifica 26 artículos de la Constitución y varias disposiciones. Sobre la eliminación del CPCCS, Cabezas recordó que el 14 de enero el pleno negó la posibilidad de quitarle las atribuciones de designación de autoridades al CPCCS, hecho que luego lo lamentó la asambleísta Wilma Andrade (ID).
Sobre la autonomía de la Fiscalía, Cabezas señaló que se propone el fortalecimiento de esta entidad, pero dentro de la misma Función Judicial. Se sugieren mecanismos para el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado la Defensoría Pública, con lo que ya no se requerirían cambios en la Constitución.
Excepto del bloque correísta de la Revolución Ciudadana (RC), la mayoría de bloques coincidió en que el CPCCS no ha respondido a las expectativas de los ecuatorianos, que debe ser eliminado y la atribución de la designación de autoridades debe volver a la Asamblea Nacional.
El asambleísta Héctor Muñoz agregó que hay un error de procedimiento en el trámite de las enmiendas, el informe no debería ser votado y pidió no tratar de obstaculizar el procedimiento con el requerimiento de los 91 votos, y solo se debería ratificar con 70 votos.
Sin embargo, al cierre de esta edición, el pleno se pronunciaba a favor de una moción del asambleísta Carlos Cambala, con 81 votos afirmativos, 43 negativos y 8 abstenciones, para que la reforma se vote con las dos terceras partes, es decir, 91 votos a favor.
Mientras, Amapola Naranjo (RC) indicó que eliminar el Consejo restringe el derecho a la participación y que las cosas en derecho se deshacen de la misma manera, en este caso, debería ser por una Asamblea Constituyente.
Fernando Callejas (CREO) sostuvo que el Consejo no ha servido para nada sino para los protervos intereses de los amigos de la Revolución Ciudadana, solo sirvió para cooptar todas las instancias de poder.
“Hablan de que hay que ser austeros cuando se han gastado millones en estados de propaganda y otras obras que no han quedado en nada. Invertir 40 o 30 millones para que los ciudadanos podamos expresarnos en las urnas es un dinero bien invertido”, manifestó Callejas.