El recuento de cadáveres de disturbios simultáneos en cuatro prisiones ecuatorianas, llevó a que las autoridades competentes puedan hacer las investigaciones debidas, ya que los familiares de sus seres queridos muertos en una guerra de pandillas que dejó a los presos decapitados y quemados; reclaman incesantemente todos los días por justicia.
En la prisión de Turi, en Cuenca, comenzaron a llegar vehículos privados con ataúdes desde el amanecer al día siguiente de la tragedia.
Entre los primeros en la escena estaba Rolando, quien llegó a recoger el cuerpo de un familiar, pero dijo que había estado intentando sin éxito durante horas obtener información de la policía y los soldados que custodiaban la cárcel.
Para reducir el número de prisioneros en medio de la epidemia de coronavirus, el gobierno conmutó las sentencias de las personas condenadas por delitos menores, reduciendo el hacinamiento del 42 % al 30 %.
Las investigaciones gubernamentales señalan que el sistema penitenciario de Ecuador, con capacidad para albergar a 29.000 reclusos en unas 60 instalaciones, no es suficiente, ya que con una población de reclusos de 38.000; obviamente se iba a generar algún tipo de roces entre bandas.
Hay 1.500 guardias para supervisarlos, un déficit de alrededor de 2.500 que el SNAI ha dicho anteriormente “dificulta la respuesta inmediata” a las frecuentes revueltas de prisioneros.
Moreno atribuyó los disturbios a “organizaciones criminales” involucradas en “actos simultáneos de violencia en varias cárceles”.
Y el SNAI dijo que era una continuación de feroces luchas territoriales entre bandas organizadas que tienen nombres como Los Pipos, Los Lobos y Tiguerones, y que en sus operaciones criminales como negocio, se incluye el narcotráfico, desde la cárcel.