Jorge Yunda, el alcalde de Quito, mencionó que no pondrá las manos al fuego por nadie, que el momento que se le encuentre algo responderá por sus actos. Esto, respecto a las presuntas conversaciones encontradas en el celular de su hijo Sebastián Yunda en el allanamiento por el caso en el que se vincula al alcalde de Quito por presunto peculado en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19.
“Yo tengo prohibido a los funcionarios míos que reciban llamadas de familiares, de parientes, de amigos, de compadres, porque la función pública es muy delicada”, agregó.
El alcalde dijo que casa adentro está analizando y verificando la información. Hasta el momento, aseguró que no se ha concretado alguna de las cosas que contienen esos mensajes.
Sin embargo, puntualizó que la Fiscalía está actuando con deslealtad porque supuestamente eso está en el expediente de investigación del caso por la adquisición de las pruebas de COVID-19. Pero no han tenido acceso a las materializaciones de la información extraída de esos dispositivos allanados el pasado 11 de marzo.
“Fiscalía dijo que están foliando el expediente, es decir numerando las hojas, pero en todo caso no hemos tenido acceso a la información y la prensa ya ha accedido”, añadió Albán, quien reprochó que esta entidad ha dado excusas para que los acusados no conozcan sobre el contenido de los dispositivos.
“Hay un mandato expreso en la ley sobre la lealtad procesal, en el Código Orgánico de la Función Judicial y la Fiscalía también está obligada por eso, la Fiscalía no está cumpliendo sus deberes de lealtad procesal, está actuando en forma desleal”, manifestó el abogado de Yunda.
Justamente el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial respecto al principio de buena fe y lealtad procesal dice: “En los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad”.
Este artículo también dice que la parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al juzgador serán sancionados de conformidad con la ley. Al final, Albán dijo que pondrán en conocimiento del juez y él será quien decida si existe una nulidad del proceso o no.
El concejal Fernando Morales ratificó su pedido al alcalde a que presente su renuncia al puesto, “Quito no resiste más este cinismo que se tiene para gobernar la ciudad”. A este pedido se le suma una carta enviada por el concejal Eduardo del Pozo, que exhorta al alcalde de Quito que considere encargar su puesto tomando en cuenta su situación judicial.