El pasado sábado 27 de marzo, la Comisión de Fiscalización aceptó reconsiderar el informe que recomendó la censura y destitución del funcionario. Los asambleístas del PSC Mercedes Serrano y Denis Marín, quienes el 24 de marzo votaron a favor de la censura y destitución de Isch, cambiaron su posición señalando que este no fue debatido y que no se recogieron las observaciones planteadas por su sector político.
La solicitud de juicio político en contra del ministro Isch fue planteada por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga (RC), por incumplimiento de funciones, y la Comisión de Fiscalización acogió tres de las cuatro acusaciones relacionadas con una interpretación al artículo 169 numeral 6 sobre las motivaciones que podrían llevar a la aplicación de las causales de fuerza mayor o caso fortuito para la terminación de una relación laboral; la otra acusación es no haber fijado el salario básico unificado para el 2021; y, negarse a entregar información a la Asamblea sobre su gestión.
Tras los resultados de reconsideración de la votación, nuevamente el presidente de la Comisión de Fiscalización, mocionó la aprobación del informe de la comisión que recomendó la censura y destitución del ministro del Trabajo. Con los resultados, no se aprobó la moción planteada por el presidente de la Comisión de Fiscalización para aceptar el informe.
Peña lamentó que se pretenda dilatar el proceso de interpelación del ministro, aunque no sabe con qué intenciones. Cuestionó que se haya cambiado la votación anterior donde hubo nueve votos a favor de la recomendación del juicio político al funcionario; pero que luego de tres días algunos legisladores se retractaron de lo que aprobaron.
Consideró que se cumplió con los plazos y no caben más pedidos; lo que corresponde es notificar lo resuelto por la Comisión a presidencia de la Asamblea.
El presidente de la Asamblea Nacional, pidió a la Comisión remitir el respectivo informe motivado, donde se detallen las posiciones de las y los asambleístas miembros de la comisión respecto a la solicitud de juicio político en contra de Isch.
Este señala que si no se aprueba el informe que recomiende el archivo o el juicio político, el pleno de la Asamblea Nacional previa moción motivada de cualquier legislador podrá resolver el archivo del trámite o el juicio político.
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