Debate sobre seis materias en la Ley de Defensa de la Dolarización se inició esta mañana en Comisión. Estos son: autonomía, restablecimiento de cuatro sistemas del balance del Banco Central del Ecuador (BCE), las dos Juntas, las reformas a la Superintendencia de Bancos, las reformas a la Superintendencia Economía Solidaria y un sexto punto denominado ‘Otros’.
La Comisión debe construir al pleno el informe que servirá para primer debate. Así, durante las primeras horas de la mañana alcanzaron a tratar el tema de la autonomía, que contó con criterios divididos.
Lira Villalba, asambleísta del correísmo, indicó que el artículo 303 de la Constitución establece que la política monetaria no puede ser ajena al Ejecutivo, por lo que promover una reforma que establezca una reforma en el sentido de que la política monetaria esté alejada del Ejecutivo, sería inconstitucional.
Además consideró que es inconstitucional que sea la Asamblea la que nombre a los miembros de las juntas Monetaria y Financiera. Tampoco está de acuerdo con las reformas que se introducirían sobre los controles a las cooperativas de ahorro y crédito.
Por otra parte, Gabriela Larreátegui opinó que no existiría inconstitucionalidad en el tema de la autonomía, pues el BCE sigue siendo parte del Ejecutivo, al igual que las juntas Monetaria y Financiera que se crean. Asimismo consideró que la Asamblea sí podrá nombrar a autoridades, pues la Constitución nombra todas las facultades y adiciona las que la ley le otorgue.
En tanto, Ana Belén Marín dijo que la política monetaria no puede estar ajena al Ejecutivo, “les guste o no”, pues eso es lo que dice la Constitución. En otro tema opinó que los miembros de las juntas, que para ella debería ser una sola, deberían ser también académicos y no solo miembros del sector financiero.
Mientras que, Patricio Donoso y Luis Pachala, de CREO, consideraron que es muy importante otorgar una autonomía al ente que maneje la política monetaria, para resguardar la dolarización.
Posteriormente, la Comisión recibió a Jorge Villavicencio, representante de las cooperativas más pequeñas del país y que pertenecen a los segmentos 4 y 5. El representante gremial dijo oponerse a las reformas de la ley y advirtió que podría haber una liquidación de decenas de cooperativas de esos segmentos. En ese momento intervino Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, y le pidió que los criterios que se manejen sean más serios y técnicos.