El 8 de diciembre pasado fue publicado en el Registro Oficial número 345 el paquete de reformas al Código de la Función Judicial aprobado por la Asamblea.
Delitos a tratarse en unidades especializadas en lucha contra la corrupción y el crimen organizado, el perfil del juez y el proceso de selección de los mismos para este tipo de unidades, experiencias en materia de políticas públicas sobre el crimen organizado, corrupción y política judicial, entre otros, son los temas que se han abordado en una serie de jornadas de trabajo organizadas con el fin de implementar dependencias judiciales especializadas en la lucha contra la corrupción y crimen organizado en el Ecuador.
La tarea de implementar salas, tribunales y jueces especializados en corrupción y crimen organizado está oficialmente en manos del Consejo de la Judicatura (CJ) desde el 8 de diciembre pasado, que fue publicado en el Registro Oficial número 345 el paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) aprobado por la Asamblea Nacional.
En tanto, entre las reformas se sustituye el artículo 226 del COFJ que habla de las competencias de los jueces penales especializados y se incluye a los ya existentes jueces de adolescentes infractores, de tránsito, de garantías penitenciarias, a profesionales para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
En abril del 2018, se creo la Unidad Judicial y Tribunal de Garantías Penales Especializados en la Lucha contra el Crimen Organizado mediante una resolución del CJ presidido por Gustavo Jalkh. ya confirmado el asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio secuestrado en San Lorenzo, Ecuador, y posteriormente ejecutado en Colombia por integrantes del grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra.
Días después de que se conoció del asesinato ejecutado por miembros del grupo liderado por Walter Arízala, alias Guacho, Jalkh explicaba que la creación de la unidad nacía de un análisis en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Ahí se acordó tomar medidas de seguridad para jueces y fiscales, que incluía una jurisdicción unificada a nivel nacional.
Dentro de ese proceso la unidad iba a tener una sede en Quito y se habilitó con medidas de seguridad seis pisos de un edificio ubicado en las calles Manuel Larrea y Arenas, en el que iban a funcionar seis salas de audiencia, una cámara de Gessel, áreas de monitoreo y nueve ventanillas. Hoy en el edificio funciona una Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia.
El 14 de mayo de 2018 se pensaba arrancar con el trabajo en la unidad especializada, pero eso nunca se dio ni con el cesado CJ de Jalkh, ni con el CJ transitorio liderado por Marcelo Merlo.
Ya para el 2021, la implementación de una jurisdicción especializada en materia de corrupción y crimen organizado en el Ecuador es para la actual presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, fundamental para la lucha que hay que dar en esa área. Con el fin de implementar estas dependencias en Ecuador, en marzo pasado, el CJ realizó una jornada de trabajo para conocer experiencias internacionales sobre el tema de países como Costa Rica, Perú, Italia y España.
Por su parte, Maldonado destacó que la prevención, lucha y sanción en este ámbito debe darse con base en la especialización de los operadores de justicia y el otorgamiento de competencias específicas, que les permitan actuar de manera efectiva en el juzgamiento de dichas infracciones. “El combate al crimen organizado implica una gestión especializada y coordinada”.
Para la reforma aprobada, a continuación del artículo 230 del COFJ, se agregó el artículo 230.1 que habla de los jueces especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
Ahí se explica que en jurisdicción distrital de carácter nacional, con sede en Quito, habrá el número de jueces de garantías penales especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado que amparen bienes jurídicos protegidos como humanidad, derechos de libertad, derechos de la propiedad, eficiencia de la administración pública, delitos económicos, producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delitos contra los recursos mineros, delitos contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles, contra la estructura del Estado constitucional y terrorismo y su financiación.
Ramón Sáenz, magistrado de la Audiencia General de Madrid, España, que participó en las jornadas de marzo, aseguró que el Estado de derecho necesita de órganos especializados para enfrentar un crimen organizado que no solo atenta contra la sociedad, sino también puede atacar de muchas maneras a la Función Judicial.
Para el magistrado español, la creación de un órgano especializado tiene grandes ventajas, entre ellas, el ahorro de recursos, un mejor aprovechamiento del aprendizaje y capacitación del personal al que se lo especializará para la investigación y persecución de delitos que trascienden fronteras.
Por otro lado, Sáenz también advirtió de la acumulación de poder que puede darse en estas unidades especializadas en crimen organizado y corrupción. Para él, esa concentración de poder hace, al mismo tiempo, más difícil el propio control de sus aparatos del Estado y los hace muy visibles. “Hay que pensar que determinados funcionarios deben tener un límite de sus nombramientos, pueden ser seis, nueve o quince años, pero piénsese siempre en un límite”.
Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad, piensa que es un proceso normal el que el país avance hacia tener unidades especializadas contra el crimen organizado y la corrupción, pero reconoce que no es una tarea fácil. Desde su perspectiva una instancia de este tipo debe contar con una estructura sólida, con todos los elementos físicos y económicos para no solo tener personal especializado sino para mantener un sistema de seguridad para proteger a los jueces designados.
Camacho, lo recomendable para unidades que van a tratar casos complicados y riesgosos como son los relacionados al crimen organizado es que estén en una sola sede y no repartirlas en el país. Él cree que los jueces que ingresen a estas unidades especializadas deben hacerlo de forma voluntaria y el juez tiene que adaptarse a reglas de seguridad y a medidas de confianza, como cada año hacerse una prueba de patrimonio y a pruebas del polígrafo.
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