El presidente Moreno deberá aprobar o vetar la reforma a la ley.
El pasado 30 de abril, con 96 votos a favor y 32 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. El Legislativo remitió el proyecto al presidente Lenín Moreno para su veto, quien tendrá hasta el 30 de mayo para tomar una decisión. De ser aprobada por Moreno, la Ley de Tránsito será publicada en el Registro Oficial para su aplicación.
Se han establecido cinco ejes en la reforma a la ley:
Movilidad sostenible, busca incentivar al transporte eléctrico para preservar el medioambiente. Las entidades públicas y privadas deberán destinar el 2% de su parqueo para vehículos eléctricos.
Asimismo, los Gobiernos Autónomos descentralizados crearán ordenanzas para regular el uso de scooters eléctricos y otros medios asociados a la micromovilidad.
Educación vial, se creará una malla curricular para entidades educativas privadas y púbicas, tanto para los conductores como para los estudiantes del nivel inicial hasta el bachillerato, la materia se denominará de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
Además, las escuelas de conducción deberán contar con una acreditación de la calidad del Sistema de la Educación Superior, una vez que la reforma se aplique, se crea una licencia especial para conductores de metro, tranvía, teleféricos, funiculares y similares. Además, se reducirá el 50% del valor de la licencia a los conductores que por cinco años no pierdan sus 30 puntos.
Seguridad vial, la nueva Ley de Tránsito plantea la posibilidad de que en áreas residenciales la circulación vehicular no sea mayor a 30 kilómetros por hora y en zonas escolares sería de 20 km/h.
Capacitación a funcionarios de Tránsito, los GAD deberán capacitar a su personal de control del tránsito al menos dos veces al año y establecer un plan de carrera. Deberá haber un control del número de agentes y tiempo de duración de un operativo, para así evitar actos de corrupción de operativos improvisados.
Planificación, control y tecnología, con el objetivo de controlar a las unidades de transporte público, la Ley de Tránsito obliga a que las unidades transporte cuenten con un sistema de posicionamiento global satelital (GPS).
Foto cortesía José Beltrán