Siete de los nueve procesados por el delito de delincuencia organizada mantienen una orden de prisión preventiva dispuesta por un juez de la Corte Nacional.
Los jueces nacionales Byron Guillén (ponente) y Luis Rivera, y la conjueza Mercedes Caicedo, todos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), conocerán los argumentos para apelar la orden de prisión preventiva que pesa sobre el contralor subrogante Pablo Celi, el exsecretario general de la Presidencia José Agusto Briones y cinco personas más, que son procesadas por el delito de delincuencia organizada que habría ocurrido desde la Contraloría General del Estado (CGE), Petroecuador y la Presidencia de la República.
En tanto que, la audiencia de apelación de la prisión preventiva está definida para las 11:00 de este viernes en la CNJ. Inicialmente el Tribunal de Apelación estaba conformado por Guillén, Rivera y el juez Marco Rodríguez, quien se excusó de conocer el trámite por “mantener con el encartado Pablo Celi una amistad íntima desde hace varios años”. La excusa fue aceptada.
Durante la formulación de cargos en este caso, el juez de la CNJ Felipe Córdova, además del contralor Celi y el exsecretario Agusto Briones, ordenó prisión preventiva para Esteban Celi y Luis Agusto Briones, hermanos del contralor y el exsecretario, respectivamente; a Ángelo R., Andrés L. y Silvia L. A excepción de esta última, que fue internada en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Chillogallo, en el sur de Quito, el resto permanece en la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de la ciudad.
Los siete procesados con prisión preventiva son parte de una lista de nueve personas que son investigadas por pertenecer a una estructura que habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C. A., entre el 2017 y el 2020.
La lista de nueve personas a las que la fiscal general Diana Salazar les formuló cargos se completa con Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente de Petroecuador Pablo Flores, a quien el juez Córdova le emitió la medida cautelar de presentación periódica y uso de grillete electrónico; y Elsie Cueva, madre del exgerente Flores, a quien no se le ordenó medida cautelar alguna, pero sigue siendo parte de los procesados.
De momento, transcurren los 90 días que el juez Córdova definió para que se lleve la etapa de instrucción fiscal. Este tiempo variará una vez que se realice la audiencia de vinculación, el próximo 12 de mayo a las 10:30, contra cinco personas, contra quienes la fiscal Salazar habría encontrado datos que le hacen presumir de su participación en el delito investigado.
Quienes son requeridos por Fiscalía para la vinculación son Roy Calero, Álvaro de Guzmán Pérez, Pedro Saona Roca, Pablo Flores Cueva (exgerente de Petroecuador) y su padre Marco Flores Troncoso. Los cinco también fueron parte del grupo de catorce personas contra quienes la Fiscalía, el 12 de abril pasado, solicitó órdenes de detención con fines investigativos.
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