Santiago Cuesta Caputi, exconsejero del presidente Lenín Moreno, ha sido convocado a rendir versión libre y sin juramento dentro de la instrucción fiscal abierta por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres. La acción debe realizarse el viernes 14 de mayo próximo, a las 10:30.
Actualmente en esta causa están siendo procesadas nueve personas, entre ellas el contralor (s) Pablo Celi y el exsecretario general de la Presidencia, José Agusto Briones.
La diligencia se dará vía Skype en la cuenta de la Fiscalía General del Estado a la que podrán acceder los abogados de los acusados y de la Procuraduría como acusadora particular.
El nombre de Santiago Cuesta aparece en varias ocasiones en el expediente del caso Las Torres, ya sea en las transcripciones de los diálogos que mantuvo el accionista de la empresa Nolimit C.A., José Luis De la Paz, con Raúl De la Torre, exasesor de Petroecuador y familiar del contralor Celi, así como también en versiones como la que entregó Pablo Flores, ahora exgerente de Petroecuador y uno de los cinco convocados a una audiencia para ser vinculados a este caso.
Del expediente también hacen parte transacciones entre Cuesta, el intermediario petrolero Enrique Cadena y Jaime Baquerizo Escobar, contratista de Petroecuador que se encuentra prófugo de la justicia. Entre la información estarían recibos de depósito y cheques que van desde junio de 2012 hasta octubre de 2016, y que revelan diez operaciones bancarias en las cuentas de Santiago Cuesta Caputi y su actual esposa Gloria Vinueza. Estos documentos forman parte de la asistencia penal enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a inicios de este año, en una memoria flash de 82 GB.
La Fiscalía investiga inicialmente una estructura que habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C.A., entre el 2017 y el 2020. Pero aún así, en el expediente existen versiones de integrantes de Nolimit que señalan que a la empresa le exigieron comisiones desde el año 2012 en Petroecuador.
Cuesta en su versión podrá responder a lo que Flores dijo, el 28 de abril pasado, en su versión libre y voluntaria: “Recibí llamadas del señor José Agusto Briones, en ese momento secretario general de la Presidencia de la República, y del señor Santiago Cuesta, en ese momento consejero del presidente de la República, quienes también intercedieron por el señor De la Torre, recalcando que estas dos últimas personas que he citado, como funcionarios de la Presidencia de la República tienen un rango jerárquico muy superior al mío”.
Para Pablo Flores, Agusto Briones y Cuesta fueron dos de las personas que “intercedieron” para que De la Torre no sea separado del cargo de asesor en Petroecuador al que ingresó en 2018.
De la Torre fue sentenciado en Estados Unidos en 2019 luego de haber aceptado ser parte de un esquema de sobornos al interior de la estatal petrolera ecuatoriana. Junto a él, la justicia estadounidense condenó al empresario inmobiliario Roberto Barrera.
El 19 de abril pasado, Roberto Barrera, quien fue condenado en Estados Unidos por participar en una red de corrupción en Petroecuador entre el 2018 y el 2019, en su versión reconoció saber que el exgerente Pablo Flores quería separar de la asesoría en Petroecuador a Raúl De la Torre. Según Flores, Barrera fue quien le recomendó contratar como asesor a De la Torre y además fue otro de los que intercedieron para que no lo saque del cargo como asesor.
A la consulta hecha por la Fiscalía, Barrera contestó que en una ocasión De la Torre le contó que Flores lo iba a separar de la asesoría, pero que él hizo una llamada telefónica a alguien de la Presidencia y que casi de inmediato llamaron a Pablo Flores desde esa instancia para que no lo haga y lo mantuvieron en el cargo, hasta que fue detenido.
El nombre del exconsejero aparecen en varias conversaciones transcritas en las que intervinieron De la Paz y De la Torre respecto al pago “comisiones” que solicitaba la red de corrupción para no solo liberar el pago de dineros que debía cancelar Petroecuador sino también para desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado (CGE).
Según la Fiscalía, en la CGE se habrían desvanecido cinco glosas relacionadas con la empresa Nolimit por aproximadamente $ 13 millones.
Santiago Cuesta desde España, dijo que sus funciones como consejero presidencial estuvieron orientadas a ordenar el gasto gubernamental y al mejoramiento de la eficiencia del sector público.