La exsecretaria de Anticorrupción Dora Ordóñez Cueva, estuvo vía telemática en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, donde explicó porque dejó el cargo y también habló del caso Las Torres, Sobornos, y Corrupción en Petroecuador y Contraloría, “fui subsecretaria de Anticorrupción entre abril del 2019 y octubre del 2019, luego secretaria hasta enero del 2020”, manifestó y salió de su cargo por, “varias razones, yo las hice públicas en su momento y ahora también del caso Petroecuador, he recibido la invitación de algunos medios, por supuesto, volví un poco a comentar cuales fueron las razones que más allá de los personales y familiares, ya que, mi familia está en Cuenca, también atendía a las dificultades que empezamos a asistir en la Secretaría, nos redujeron el personal y el presupuesto en más del 60 %, esta era una Secretaría que dependía directamente de la Presidencia de la República, del apoyo que el presidente nos había dado en su momento para la gestión de la Secretaría y las 200 causas que llevábamos en investigación, si bien no lo hacíamos porque la Fiscalía es la dueña de la Acción Penal, no lo hacíamos de manera directa, pero si apoyábamos y hablamos de noticias crímenes y varios casos a la Fiscalía para que se investiguen, cooperamos permanentemente con la entidad, se obtuvo el apoyo de ello y se reconoció el valor y la valentía que ha tenido Diana Salazar para llevar adelante varios casos, nunca tuvimos ningún inconveniente, pero luego de mi salida en enero, se dejó a una persona después de mi gestión, es decir, a José De La Gasca y en menos de 60 días la Secretaría se cerró”.
Dora Ordóñez mencionó que, uno de los casos más sonados que presentaron es el que estaba relacionado al Hospital de Pedernales, de la Hacienda La Clementina en Guayaquil, “este caso lo presentamos de hecho en una gobernación en su momento, el del presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que entendemos está procesado, el caso de Títulos Falsos de Médicos en Guayas que ejercían la profesión sin tener título de tercer nivel, vinculado a la Senescyt que es un ente público, más de 20 causas adicionales relacionadas a contratación pública, puestas en consideración de la Secretaría por personas que lamentablemente no habían tenido el apoyo en su momento de los entes de investigación, nos entregaron los expedientes y volvimos a ponerlo en conocimiento de la justicia, otro caso que tiene ver con el Austro es el Elegastro una distribuidora de gas que pertenece a Petroecuador, y en este mismo el caso Coopera, vinculado al exgerente de la cooperativa también ña exministra Doris Soliz, este caso estaba en la Fiscalía, al salir de la Secretaría me pidieron que rindiera unas versiones en audiencias y en efecto lo hice, asistí porque es mi responsabilidad ciudadana”, indicó.
Así mismo explicó que tenían una dependencia que se encargaba del seguimiento de causas para que no se demoren los plazos o no terminen en las etapas de investigación, cuando salió no sabe lo que sucedió y un caso adicional es el de la Contraloría que fue por delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios de la Contraloría en unas de las provincias del país, ha sido difícil poder darles seguimiento a todas las causas, pero actualmente se encuentra gerenciando una de las empresas de la Corporación Municipal de Cuenca.
Ordóñez expuso que, siempre tuvo el apoyo del presidente de la República y no hubo ninguna dificultad, “le había manifestado mi preocupación respecto a la reducción del personal, a la injerencia que existía desde personas que se tomaban su nombre, incluso manifestado en una conversación que mantuvimos al haber presentado mi renuncia, el exhortaba que me quedara en la Secretaría, me brindaba todo el apoyo que sea necesario, sin embargo, de alguna manera tomé la decisión de salir, el combate a la corrupción no es una gestión que la puede llevar adelante una Secretaría, institución o una persona de manera individual, este es un tema que corresponde a toda la ciudadanía, a la sociedad, se requiere un sistema integral, de lucha contra la corrupción, transparencia y honestidad”,
Dio a conocer que el combate a la corrupción no termina cuando se detiene a una persona, no se trata de eso, más bien se debe prevenir este tipo de delitos porque después es muy complicado que se puedan recuperar los recursos, que son desviados por delitos de corrupción, no es imposible, pero es difícil, ahora con la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio es una iniciativa que se trabajó en la Secretaría Anticorrupción, en el Marco del Acuerdo Nacional 2030, ahí participaron desde partidos políticos, organizaciones sociales, no gubernamentales, públicas, varios personajes que ayudaron a la redacción de la ley, Organismos Internacionales como el Banco interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, a través de la iniciativa StAR, colaboraron con la escritura y revisión del texto, se tomó contacto con el asambleísta Fabricio Villamar y se le pidió que pusiera en consideración de la Asamblea Nacional el debate de la ley, aprobada hace poco, no es perfecta, pero si es perfectible, además de su ayuda, es un instrumento, herramienta para poder combatir la corrupción, en parte recuperar los recursos que están en otros países, investigados, identificados, por ejemplo, en Suiza, Panamá hay recursos que evidentemente sin la norma jurídica es difícil que se pueda lograr esa repatriación de los mismos.
La doctora agregó que, en el caso Petroecuador hay sentenciados, se refiere a Alexis Bravo, Carlos Pareja Yannuzzelli, pero en el caso Las Torres que de alguna forma llega al país, se da al conocimiento de la Fiscalía las investigaciones y relaciones que se dan en Estados Unidos, por ende, se entrega la respectiva información con los nombres y acá se continua investigando , esto procede para quienes estaban requiriendo sobornos y coimas en Estados Unidos, tratando de lavar dinero, son identificados y detenidos inmediatamente en el país extranjero.
Ordóñez recordó que, los procesos contractuales del caso Las Torres particularmente se dan entre el 2012 y 2016, puesto que, se requería pagos sobornos para poder pagar planillas que estaban pendientes de pago a la empresa Nolimit, no son los últimos procesos contractuales, siempre se supo desde la Secretaría que las empresas estratégicas son las que mueven más recursos en contratación pública, se necesitaba hacer un acompañamiento para evitar precisamente lo que había pasado durante los últimos 14 años, marcada en el régimen gubernamental, “¿qué es lo que planteamos ahí?, desde la Secretaría dijimos que era necesario conformar un Comité de Integridad Ética, pero no como una idea de la Secretaría, sino que era de un organismo internacional OCDE, nos iba a dar todo su apoyo para la conformación del comité, y se iba a realizar en seis empresas estratégicas, una de ellas Petroecuador, CNEL, Petroamazonas, CNT, Select, tuvimos más de una reunión con el exgerente Flores para conformar el Comité de Integridad, pero con el cierre de la Secretaría, no procedió”, puntualizó.
La exsecretaria de Anticorrupción dijo que, hay países como Brasil que plantean iniciativas muy interesantes, también se están implementando en Colombia, ya que, es la lista blanca de proveedores del Estado porque la corrupción no solo está en instituciones públicas, sino en privadas y se ven obligadas de alguna forma por las exigencias, en este caso de los funcionarios públicos, sobre todo de alto rango o de asesores, para realizar el Comité de Integridad se hicieron pruebas, entre ellas la del polígrafo y prospectos de perfiles personales para seleccionar de manera adecuada, desde la Asociación de Municipalidad del Ecuador y la certificación de la norma ISO 37001 anti soborno, se iba a facilitar la consecución de los recursos, el Municipio de Cuenca la acabó de implementar y lo ideal sería que las empresas públicas, estratégicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, puedan pensar en esta iniciativa.
“El Concejo de Control Ciudadana tiene la responsabilidad histórica y puede hacerlo, tiene toda la competencia legal y legítima porque estoy segura que la ciudadanía ecuatoriana va ha apoyar esas decisiones, de remover sobre la condición jurídica legal que tiene en este momento el contralor subrogante de removerle del cargo, y por otra parte, remover de esta institución a los subrogantes de los subrogantes o representantes de la corrupción, no es posible que el ente llamado a controlar cada centavo que produce este país y sobre todo tiene que invertirse en las poblaciones que más lo necesitan porque las Naciones Unidas dice que, los recursos desviados por la corrupción en un país en vías de desarrollo perjudican a las personas vulnerables y más pobres, es decir, no llega la obra básica, infraestructura, posibilidad de mejorar condiciones de vida, es necesario que se tomen decisiones porque el único nominador en la Contraloría es el Concejo de Participación Ciudadana, otra situación que se tiene que analizar, muy a detalle, no toda la Contraloría es un ente que está en transversalidad por la corrupción, hay personal operativo muy valioso porque de lo contrario las altas esferas, cúpulas, no tendrían los informes para ir a negociar con los oferentes, proveedores por miles de millones, cientos de millones, decenas de millones de dólares”, enfatizó Ordóñez.
También insistió que los que hacen el trabajo de oficina, de campo, “lo están haciendo bien y desde arriba utilizan estos informes para poder beneficiarse a título personal, no podemos tener un contralor prófugo, viviendo de mil maravillas en Estados Unidos porque es un ciudadano americano, no se lo puede extraditar, y eso quisimos hacer desde la Secretaría, pero es un ciudadano americano, tiene sus millones de dólares en cuentas en Estados Unidos, no podemos tener un contralor así mismo vinculado al desvanecimiento de las glosas, de millones de dólares, y vuelvo a la reflexión inmanente y personal, estos temas afectan a los más pobres del país es que, acaso no duele el alma a una madre cuando no puede alimentar a sus hijos, en donde queda la conciencia como ecuatorianos”, reiteró.
Destacó que tuvo la posibilidad de ser concejala en el cantón Cuenca en el periodo 2013-2019, y su tarea fue de fiscalización, se comprometió mucho más con los recursos públicos, en el 2019 tuvo la oportunidad de vincularse en la Secretaría de Anticorrupción, y cada vez que ha tenido la oportunidad de ejercer un cargo público es cuando más ciudadana se vuelve, ojalá que todos tuvieran la oportunidad de ser funcionarios para conocer un poco más este segmento de la población para comprender que cada centavo que se pague, sea invertido, reinvertido y cuidado de manera transparente, ¿por qué estuvo tan poco tiempo en el cargo como secretaria de anticorrupción?, porque luego de haber planteado varias cosas, que tuvieron el apoyo en su momento, en la toma de decisiones de reducir la Secretaría, le dio otro mensaje que quizás no era una prioridad, habría que evaluarlo, la pregunta habrá que hacerla a quien tomó la decisión de acortar el máximo de la Secretaría, fue la secretaria jurídica Johana Pesántez porque la iniciativa nació desde ahí y el presiente de alguna forma opta por las recomendaciones que viene desde sus diferentes dependencias del ejecutivo.
“Tuvimos una diferencia con el exconsejero del presidente (Santiago Cuesta), justamente cuando estábamos conformando los comités de integridad, tuve una reunión en CNT, porque se iba hacer una compra de 40 millones de dólares de fibra óptica, recuerdo que saliendo de la reunión, me llamó una tercera persona para decirme que el exconsejero presidencial enviaba un mensaje, indicando que no me meta con las empresas estratégicas, mi respuesta fue, que el mismo me lo diga, pero nunca me llamó, de ahí renuncié, y mi pedido ahora ha sido que las investigaciones que se hacen en Petroecuador se puedan amplificar a otras empresas estratégicas, particularmente CNEL Y CNT”, acotó la doctora.
La exsecretaria de Anticorrupción resaltó que, la Fiscalía ha hecho las cosas bien, en especial reconoce el esfuerzo y valentía de Diana Salazar porque se ha enfrentado a casos muy complejos, en donde hay recursos provenientes de hechos ilícitos relacionados a la administración pública, narcotráfico, incluso la vida propia está en peligro y corre riesgo porque no se tiene la seguridad hacia el denunciante, se necesita el apoyo de recursos económicos para fortalecer pericias, gestiones y diligencias que Fiscalía tiene que hacer.
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