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Caso Las Torres, fiscalía pide se ordene prisión preventiva para tres de los cinco vinculados

by Kelvin Jarama

Con la vinculación de cinco personas al caso Las Torres, la causa que investiga el delito de delincuencia organizada tendrá catorce procesados.

Prisión preventiva fue la medida cautelar que solicitó la mañana de este lunes la fiscal general, Diana Salazar, al juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para tres de los cinco vinculados al denominado caso Las Torres, entre ellos, Pablo Flores Cueva, exgerente de Petroecuador, Roy Calero y Álvaro De Guzmán Pérez.

En tanto que por ser adultos mayores, para el padre del exgerente Flores, Marco Flores Troncoso, y Pedro Saona Roca se pidieron las medidas cautelares de arresto domiciliario y uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Para estos últimos, la Fiscalía solicitó que regresen al país y presenten arraigos domiciliarios. Inicialmente la Fiscalía pidió para todos prisión preventiva.

Ahora, los cinco vinculados se suman a la lista de nueve personas que ya eran parte de la causa como procesadas y está encabezada por el contralor (s) Pablo Celi, el exsecretario general de la Presidencia José Agusto Briones y Elsie Cueva, madre de Pablo Flores.

Bajo el delito de delincuencia organizada que habría ocurrido dentro de la Contraloría General del Estado, la empresa pública Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República, la fiscal general, Diana Salazar, investiga una estructura que habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C. A., entre el 2017 y el 2020.

Salazar explicó durante la audiencia de vinculación que los hechos analizados hasta el momento revelan la existencia de una organización para planificar y ejecutar tramas delictivas relacionadas con el lavado de activos, concusión, entre otros delitos.

Respecto a los vinculados, la fiscal general dijo que Pablo Flores habría liderado la exigencia y el recibimiento de dineros; que el padre de este, Marco Flores Troncoso, colaboró en la recepción de dineros indebidos por parte de la empresa Nolimit; así como también Calero, De Guzmán y Saona colaboraron en la recepción, entrega y ocultamiento de dineros irregulares llegados desde Nolimit.

Para formular cargos contra los cinco, la Fiscalía presentó al juez Córdova 34 elementos de convicción que indicarían la presunta participación de los ahora vinculados a una estructura delictiva en la que funcionarios públicos abusando de su cargo y función, en coordinación con los otros procesados, quienes facilitaron su conocimiento financiero para delinquir, armaron una organización para obtener ilícitamente beneficios económicos.

La fiscal Salazar solicitó prisión preventiva como medida cautelar para todos, ante el posible peligro de fuga o la intromisión de los vinculados en el proceso de investigación, además de la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes por el monto de $ 4 millones, con el fin de garantizar el pago de una eventual multa y reparación integral por los daños causados.

En tanto que, la Fiscalía fundamentó su pedido de prisión preventiva explicando que los miembros de esta organización mantuvieron reuniones en Miami, tienen empresas en Panamá, trataron de colocar montos de dinero en Suiza, la organización criminal tendría miembros a nivel internacional, existen altos movimientos migratorios de los procesados, poseen recursos económicos, tienen raíces en países extranjeros, no se encontrarían en el país los procesados y no hay un rastro real de la ubicación de ellos.

La defensa de Pablo Flores, Pablo Encalada, criticó el que la Fiscalía acuse a su cliente de gestionar pagos para Nolimit, pero no presentó los elementos necesarios para demostrarlo. Recordó que se lo está procesando porque es nombrado por otras personas en conversaciones, que jamás supo que Raúl De la Torre usaba su nombre para exigir dineros y que Flores colaboró con las investigaciones de Estados Unidos y que ese país jamás lo ha procesado penalmente.

Por su parte, la defensa de Marco Flores Troncoso, María Teresa Torres, aseguró que su cliente, de 69 años de edad, no está prófugo de la justicia sino que se encuentra en Estados Unidos sometiéndose a un tratamiento médico. Flores Troncoso aparentemente habría dado positivo para COVID-19 y eso le dejó secuelas.

La defensa del padre del exgerente de Petroecuador negó que haya recibido recursos de algún acto ilegal con el empresario Roberto Barrera, sino que el dinero transferido corresponde a una obligación comercial que mantenía con él Barrera.

En su réplica, la fiscal Salazar insistió en que la mayoría de las personas vinculadas están fuera del país y no hay garantías de que estén presentes durante el proceso penal. También agregó que lo que ha presentado en contra de los vinculados han sido hechos, elementos, evidencias y no agendas mediáticas.

Salazar solicitó que se rechacen los pedidos de los procesados y se ratifiquen las medidas pedidas por la Fiscalía con los cambios señalados en la réplica, es decir, prisión preventiva para tres y medidas alternativas para dos de los procesados debido a que son adultos mayores.

Finalmente, luego de cinco horas de audiencia, el juez Córdova suspendió la diligencia y convocó para reinstalarla a las 16:30 de este lunes. El juez analizará los argumentos escuchados y en la reinstalación dará a conocer su resolución oral sobre las medidas cautelares solicitadas para los cinco vinculados.

Foto cortesía El Universo

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