Los pasajeros no han podido recuperar reembolsos y solo se vendió un avión.
Fernando León adquirió cuatro pasajes para la ruta Quito-Fort Lauderdale en enero del 2020. Su plan era viajar con su familia en julio de ese año, pero eso no se concretó, pues Tame entró en mayo en proceso de liquidación en medio de problemas económicos agudizados por la pandemia.
A un año del cese de operaciones de la aerolínea, León no ha podido recuperar los $1.500 que pagó por los boletos. Lo único que ha obtenido es un certificado de acreencias emitido por la empresa en liquidación.
Cientos de pasajeros están en la misma condición. Solo en dos grupos de WhatsApp hay unas 500 personas que esperan los reembolsos y parte de ellas aún no han recibido los certificados. Pero se estima que alrededor de 6.000 personas adquirieron boletos.
El 23 de abril pasado terminó el plazo para la liquidación de la aerolínea y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) está en el proceso de receptar lo que queda de la empresa.
Para Pablo Galindo, subsecretario de Transporte del gobierno saliente, sostiene que el MTOP está recibiendo la información de todos los bienes y una vez que se complete eso se concluirá con el proceso.
Eso, sin embargo, no se iba a concluir en las pocas horas que le quedaban a este gobierno, por lo que será una herencia para el próximo ministro.
Hilda Cajas, una de las voceras de los grupos de pasajeros afectados, señala que a ellos nos les han notificado una fecha para los pagos. “Lo que nos han dicho es que van a dejar los certificados (de acreencia) para que el nuevo gobierno, a través del ministerio, se haga cargo”.
La deuda por reembolsos de boletos se acerca a los $ 6 millones. Pero en el orden de prelación, los pasajeros no estaban en el primer lugar, por ello ninguno recibe todavía los reembolsos.
El monto que adeuda Tame a los pasajeros es solo una pequeña parte de las acreencias que la compañía deja pendiente y que no se pudieron cubrir en este proceso de liquidación. A las empresas del sector público, entre las que está Petroecuador, se les deben $ 260 millones y otros $ 100 millones a terceros.
La empresa solo pudo colocar un avión Kodiak de los que entraron a la venta (2 Embraer, 3 ATR y 2 Kodiak) que se avaluaron en $18 millones.
Por su parte, Roberto Córdova, quien estaba a cargo de la liquidación de la aerolínea, dice que ahora está en actividades posteriores y que serán las nuevas autoridades las que deberán dar los nuevos lineamientos. La firma de la escritura de cierre está a la espera de que el MTOP reciba los activos que quedan, como los aviones.
La intención del MTOP era crear una unidad descentralizada adjunta para manejar el asunto de Tame, pero esto no fue aprobado por el Ministerio de Finanzas ni el del Trabajo, según Córdova.
Sostiene que uno de los problemas que tuvieron para cumplir con las metas en este proceso de liquidación fue la falta de recursos y de tiempo. Afirma que ni la venta de todos los activos hubiese alcanzado para cubrir acreencias. “No podíamos acabar de pagar porque el pasivo era $ 400 millones contra activos de $100 millones”.
Córdova refiere que con la venta del avión Kodiak (a la empresa Nirsa), parte de equipos y cobros pendientes se financió capital de trabajo y se pagó dentro del primer orden de prelación (pago de sueldos, jubilaciones patronales). La línea quedó con unos 120 empleados, 40 de ellos de mantenimiento, para este proceso de liquidación.
Cree que se debería procurar vender los aviones en otro proceso, pues estos requieren de mantenimientos, algo que podría representar gastos para el Gobierno, pues se necesita de capacidad técnica, humana y financiera.
Los pasajeros afectados esperan que el nuevo gobierno dé agilidad a la venta de activos o se encuentre otra vía para que puedan recuperar valores por pasajes. Galindo dice que esta devolución es un proceso y los pasajeros deberán esperar información de las próximas semanas, es decir, ya en el nuevo gobierno.
La veeduría ciudadana que se formó para vigilar el proceso de liquidación de Tame tiene cuestionamientos sobre la labor efectuada para el cierre de la empresa aérea.
Alexandra Benalcázar, vocera de los veedores, dice que desde febrero se les cerraron las puertas y no se les entregó toda la información. Ella asegura que se les trató de hacer firmar un acuerdo de confidencialidad y se pidió que se los cambie.
La veedora cree que los montos con los que avaluaron los aviones y repuestos para salir a la venta no corresponden a los valores reales de mercado. Dice que se debe aclarar qué se hizo con los recursos que entraron a la aerolínea.
Además, Benalcázar señala que hay preocupación porque no todos los pasajeros que compraron boletos han recibido certificados de acreencias y otros no tienen la firma.
Dice “también que será facultad del nuevo ministro (MTOP) aceptar o no la deuda, si acepta deberá entrar en el presupuesto general del Estado”.
Roberto Córdova, quien estaba a cargo de la liquidación de la aerolínea, sostiene que la empresa en liquidación no recibió dinero del Estado para el cierre, pues la función del liquidador era buscar recursos para los pagos pendientes.
Él refiere que a los veedores se les entregó un espacio para su labor y recibieron informes. “Se les dio el octavo piso a ellos, se les dio información y no entendieron, les dieron computadoras”.
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