La LOC, aunque suavizada y desactivada parcialmente en el gobierno de Lenín Moreno, sigue vigente desde que el expresidente Rafael Correa la promulgó en 2013. En sus sabatinas Correa defendía el cuerpo legal aduciendo que “el poder mediático como todo poder necesita regulación social y eso se hace a través de las leyes. La crítica no se sanciona ni por la ley ni por el Gobierno. Se sancionan las mentiras, la infamia, la calumnia”.
Desde su aprobación hasta el 2017, a través de la Superintendencia de Comunicación (hoy eliminada), hubo al menos 370 casos de sanciones a medios de comunicación, periodistas, caricaturistas y articulistas, según datos de la organización Fundamedios.
“La Ley de Comunicación fue creada para arrinconar y acosar a medios y periodistas. Al ser un símbolo, una herramienta sofisticada para lesionar la libertad de expresión del gobierno autoritario y populista de (Rafael) Correa, entendemos que al derogar esta ley el presidente electo quiere dar el mensaje de apoyar el respeto a las libertades y un reconocimiento que esta ley ha sido perniciosa para el trabajo de la prensa”, indica César Ricaurte, director de Fundamedios.
Asegura que es “buena” la iniciativa de derogar la LOC. Con esto coincide Diego Cazar, miembro fundador de la organización Reporteros Sin Cadenas. Añade que la normativa no ha sido beneficiosa para el sector periodístico, aunque esta haya sido suavizada por Moreno.
La Superintendencia de la Infomación y Comunicacíon (Supercom), creada por la Ley de Comunicación, fue suprimida en el régimen de Lenín Moreno. Foto: Archivo
Asegura que es “buena” la iniciativa de derogar la LOC. Con esto coincide Diego Cazar, miembro fundador de la organización Reporteros Sin Cadenas. Añade que la normativa no ha sido beneficiosa para el sector periodístico, aunque esta haya sido suavizada por Moreno.
“Una norma de esas connotaciones violenta la libertad de expresión y, además desconoce desde todo punto de vista los parámetros que a nivel global se establecen para los ejercicios de las libertades y derechos. La libertad de expresión no puede ser coartada por una ley”, señala.
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Indica que lo que se hizo con la LOC en el gobierno de Moreno fue solo “mero discurso” que no tuvo en la práctica efectos positivos: “Si bien no se persiguió a periodistas, no se detuvo a periodistas o se cerraron medios, sí hubo un silenciamiento casi absoluto de la información pública (práctica que también la realizó el correísmo). La negativa de desclasificar la información sobre la muerte de los periodistas de El Comercio, que se anunció siete veces por Moreno en nombre de la libertad de expresión, marca un precedente nada positivo”.
La LOC en estos dos últimos periodos se convirtió en una especie de “plataforma discursiva y demagógica” diferenciada por los estilos y las formas de los mandatarios de turno, añade Cazar. Alerta que por ahora no se ve que Lasso haya convocado a la sociedad civil para debatir de manera más profunda el tema de derechos y libertades.
Para Sauro Cisneros, presidente de la Unión Nacional de Periodistas en Guayas, la derogación de la norma es positiva, ya que ciertas partes “maniataban” la libertad de expresión e investigación en un país que está “lleno de corrupción” y afirma que como gremio siempre se opusieron a la persecución de periodistas: “Lo que está mal hay que cambiarlo”.
Creación de nueva ley genera debate
Lasso ha anunciado la creación de una nueva ley que suplante a la actual. Para el presidente, hay temas positivos en la LOC que deben ser repotenciados. Sin embargo, Cazar no considera que deba existir una normativa de libertad de expresión porque ya existen parámetros internacionales.
“En un país con tanta inestabilidad política y que es tan poco comprometido con la democracia, una ley de comunicación lo que genera es una amenaza para el ejercicio de las libertades. En los países donde está más afectada la democracia es donde menos periodismo investigativo se puede hacer porque existen marcos jurídicos como trabas”, dice.
En tanto, Ricaurte y Cisneros están de acuerdo con la creación de una nueva normativa siempre que no mancille la libertad de expresión.
“La LOC ampara los derechos laborales de los periodistas, el escalafón salarial, afiliación social. Estos son temas importantes y se deben mantener en la nueva ley. Nosotros todavía no nos hemos pronunciado porque estamos esperando el borrador para saber qué se va a proponer”, señala Cisneros.
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Otro de los temas positivos e “interesantes” que tiene la ley vigente y que se debería mantener en una nueva legislación es el reconocimiento de la comunicación intercultural que ha sido clave para el sector comunitario.
“La Ley de Comunicación actual plantea que exista una repartición en tercios de las frecuencias. Creemos que una repartición en tercios no es lo más adecuado, pero sí debe existir, en la nueva ley, un reconocimiento de un piso mínimo para los medios comunitarios”, dice Ricaurte.
Además, afirma que todo lo relacionado a la producción audiovisual nacional también debe mantenerse, pero esto puede añadirse a la Ley de Cultura.
Cazar indica que todos los aspectos mencionados por Cisneros y Ricaurte se pueden incluir en otras leyes que actualmente están vigentes y así evitar la creación de un nuevo cuerpo legal que pueda representar una amenaza a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico.
Ricaurte, Cisneros y Cazar esperan que el gobierno de Guillermo Lasso convoque a organizaciones y representantes de la sociedad civil para debatir la creación de la nueva ley. El presidente afirmó que “ninguna decisión” de su Administración será tomada sin consultar al pueblo.